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En la Argentina la constitución a fines del siglo XIX de las diferentes fracciones de la burguesía (comercial, financiera, agraria, industrial, terrateniente) en una clase dominante con alcance nacional y relativamente unificada bajo la hegemonía de la burguesía terrateniente responde principalmente a la conjunción de tres procesos.
Por una parte, se establece una profunda conexión entre las estrategias desplegadas por las burguesías de los países centrales con vistas a contrarrestar la tendencia descendente de la tasa de ganancia (importación de alimentos baratos, exportación de capitales, etc.) y la existencia en nuestro país de grandes territorios, de propiedad monopólica, dotados de aptitudes inmejorables para la producción agropecuaria. El consiguiente desarrollo de una acumulación del capital asentada casi exclusivamente en la explotación de una renta agraria internacional hace que la fracción propietaria de las tierras puestas en producción ocupe un lugar central al interior de la burguesía.
En efecto, la burguesía terrateniente se apropia privilegiada y crecientemente de la renta agraria obtenida a escala internacional bajo la forma de renta del suelo. Y dentro de la burguesía terrateniente corresponderán a los invernadores (propietarios de tierras especialmente aptas para la producción agropecuaria) los más altos niveles de valorización de las tierras y de percepción de renta diferencial. Los otros componentes de la clase dominante vinculados al comercio exterior y a la especulación hipotecaria, sobre todo aquellos segmentos concentrados y controlados por capitales extranjeros (piénsese, por ejemplo, en la comercialización de granos, en los frigoríficos, etc.), participan asimismo del proceso de apropiación de la renta agraria y defienden la política librecambista y aperturista[45].
Pero hace falta tener en cuenta la concurrencia de una tercera condición para dar con la formación de la clase dominante en la Argentina: es el Estado el que, al tiempo que consolida sus aparatos e instituciones, interviene organizando políticamente a las diferentes fracciones de la burguesía como una clase dominante a pesar de sus contradicciones. Para llevar las cosas a un extremo: sin esta organización política las fracciones de la burguesía no llegarían a constituir una clase dominante. Ello porque las diferentes fracciones de la burguesía no se encuentran de por sí unificadas. O lo que es lo mismo: no es posible pensar a la clase dominante, compuesta de varias fracciones, como constituida en la sola esfera económica.
Más concretamente, sólo cuando se produce la unificación nacional, la consolidación de un Estado verdaderamente nacional - esto es, un conjunto de aparatos especializado, centralizado, con autoridad legítima y soberana en todo el territorio, con un poder específico relativamente separado del poder económico y de las alianzas localistas- se produce la articulación (inestable, por supuesto) de los diferentes segmentos de la burguesía. Como ya hemos señalado, esa unificación es impuesta por el roquismo (sustentado en la alianza entre las burguesías provinciales desconectadas del capital internacional, en el incipiente ejército nacional y en ciertos sectores populares) a las burguesías comercial y terrateniente ganadera bonaerenses que monopolizaban la renta y portaban un proyecto político estrictamente circunscripto a Buenos Aires y su puerto.
La hegemonía de la burguesía terrateniente, en fin, no deviene exclusivamente de la dinámica del proceso de acumulación del capital. También se explica por su posicionamiento en el campo estratégico del Estado. En efecto, en función de sus intereses específicos logra imponer en medio de un contexto mundial que lo permite, el bloqueo de la producción de bienes manufacturados y de capital. Producción que probablemente tendría como efecto una elevación de los costos de las actividades agropecuarias - en relación con el precio de los bienes de capital importados- a que se dedica esta fracción y el rompimiento de las estrechas relaciones entabladas con las burguesías de las formaciones capitalistas centrales, sumamente interesadas en colocar sus propias exportaciones.
También es un mérito del papel dominante que ejerce la burguesía terrateniente en el terreno estatal el hecho de que la política agraria no estimule, como en otros países, a los pequeños y medianos productores independientes. Por el contrario, la acción del Estado en este campo favorece la valorización de las tierras e incentiva a sus propietarios a ponerlas en producción.
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