Respuestas
Respuesta:
Explicación:
Las leyes que otorgan protección a los informantes confidenciales, las que garantizan acceso a información que está en poder del Gobierno y las que imponen a los funcionarios públicos de alta jerarquía la obligación de declarar determinados activos e ingresos se basan en los conceptos de responsabilidad democrática y Estado de derecho. Esta responsabilidad es un disuasivo a la inconducta de las autoridades y refuerza las medidas de prevención de la corrupción. Como la responsabilidad política y jurídica se basa en el derecho a la libre expresión del pensamiento y el derecho a la libertad de asociación, esos tres tipos de leyes pueden considerarse también como importantes mecanismos de protección de esos derechos humanos.
La expresión "leyes de apertura del Gobierno" describe apropiadamente los tipos de leyes arriba expresados y refleja los valores que contienen. Por ejemplo, la protección de los informantes confidenciales y el acceso a la información pública reivindica los derechos de los ciudadanos de organizarse, promover causas e impugnar las decisiones del Gobierno que los representa. La falta de información sobre determinadas políticas gubernamentales reduce la credibilidad del orador y el valor del derecho de expresión del pensamiento, y asimismo es un obstáculo a la libertad de asociación. La protección de los informantes confidenciales es un importante complemento del acceso de los ciudadanos a la información en poder del Gobierno. El momento en que la información está disponible tiene tanta importancia como el hecho mismo de que lo esté. La protección de los informantes confidenciales aumenta la disponibilidad de información y su presentación puntual. Los informantes confidenciales pueden garantizar el acceso a la información mucho antes de que puedan realizarse los procedimientos de acceso de los ciudadanos. De hecho, los datos proporcionados por informantes confidenciales pueden indicar la necesidad de utilizar los procedimientos de acceso público a documentos y registros gubernamentales para llevar adelante la investigación de la supuesta inconducta que revela esa información.
El sistema de apertura gubernamental respalda el Estado de derecho. El acceso público a documentos y registros gubernamentales garantiza el conocimiento de las normas aplicadas por las autoridades públicas. A menos que esas normas y los criterios de evaluación de su aplicación sean conocidos difícilmente podrá limitarse en forma significativa el poder de las autoridades públicas. Los datos proporcionados por informantes confidenciales pueden hacer salir a luz información oculta y hacer trizas los dispositivos tendientes a encubrir inconductas. Además para hacer efectiva a través de los tribunales la responsabilidad de las autoridades se requiere información sobre las políticas gubernamentales y las prácticas de los funcionarios públicos. Por otra parte, la revelación pública de los activos e ingresos de funcionarios públicos de alta jerarquía garantiza al público que las decisiones de esos funcionarios se inspiren en la aplicación del derecho y de la política pública, y no en afán de lucro personal.
Las normas sobre informantes confidenciales suelen incluir mecanismos de protección para los empleados que se rehúsen a obedecer órdenes ilegales. A través de esa protección se procura impedir que las autoridades públicas utilicen sus potestades para violar las normas jurídicas que limitan ese poder.
El régimen de apertura gubernamental es un disuasivo para la corrupción. El Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos Louis Brandeis lo describió acertadamente en su famosa cita: "como se sabe, la luz del sol es el mejor desinfectante[.]" El acceso a la información en poder del Gobierno, la protección de los empleados que denuncian inconductas y la revelación pública de activos financieros aumentan la probabilidad de castigo de actos de inconducta muy graves y recuerdan a los funcionarios públicos que están sujetos a responsabilidad política y jurídica. Esta legislación refuerza poderosamente la responsabilidad de los funcionarios públicos ante la ley y ante la población a la que deben servir.
Los tres tipos de leyes –normas de acceso a la información, protección de informantes confidenciales y revelación pública de activos financieros de funcionarios gubernamentales—suelen tratarse como sistemas separados y disímiles. En realidad, se trata de regímenes estrictamente relacionados entre sí, ligados mutuamente por su identificación de los valores de la responsabilidad democrática y el Estado de derecho. Forman parte de una importante estrategia de