Respuestas
A favor
La sociedad debe dar enseñanza gratuita (incluida la universitaria), cobertura sanitaria, subsidios de desempleo y por enfermedad, y pensiones de jubilación a todos. Son derechos fundamentales de una sociedad humana (y a veces se dice que la piedra de toque de una sociedad civilizada es con qué atención cuida de sus pensionistas).
Los servicios sociales de propiedad o de gestión estatal pertenecen a la nación y, por tanto, deben estar disponibles para todos. Son una manifestación tangible de la responsabilidad de la sociedad hacia cada uno de sus miembros. Todos pagan impuestos, así que todos deben recibir prestaciones sociales gratuitas.
Por razones de igualdad, no debe existir la educación privada, ni la sanidad ni las pensiones privadas. El Estado debe tener el monopolio de las prestaciones sociales para asegurar unos servicios verdaderamente eficientes -mediante economías de escala y centralización- que aseguran también la igualdad. Los mejores recursos pueden ser distribuidos a través del sistema público en lugar de reservarse para una elite que puede pagar escuelas y sanidad privadas.
Las sociedades con menos desigualdad casi siempre funcionan mejor en un amplio espectro de parámetros de bienestar. La disminución del estrés y la mayor cohesión social conllevan resultados tremendamente positivos para las personas, incluyendo la mayor esperanza de vida, la disminución de la criminalidad y registros de niveles de felicidad mayores.
En contra
Las prestaciones sociales no deben darse de modo sistemático, sino solo en casos de extrema necesidad. El Estado de Bienestar debe funcionar solo como una red de seguridad. Incluso en los países comunistas y en la Gran Bretaña posterior a la guerra, donde había gran entusiasmo por estas ideas, la situación ha hecho que las prestaciones gratis para todos sean un sueño irrealizable.
La sociedad es responsable de todos sus miembros, pero ellos, del mismo modo, no deben recibir todos prestaciones sociales si pueden pagar sanidad, educación o pensiones privadas. Todas las ayudas del Estado deben estar condicionadas según el nivel de ingresos de manera que las reciban solo los verdaderos necesitados.
Es justo que quienes trabajan más y tienen más éxito tengan la posibilidad de pagarse una educación y sanidad de más calidad, puesto que no se trata de derechos, sino de lujos o privilegios que se pueden pagar. La privatización de la sanidad, de la enseñanza o de las pensiones implica competir en el mercado libre y, por tanto, servicios mejores y más baratos.
Aunque muchos Estados volcados en las prestaciones sociales pueden ayudar a mucha gente, lo consiguen de modo inaceptable, disminuyendo la calidad de vida de la gente con más éxito en la sociedad. Estas personas no pueden ser usadas como una red de seguridad para los fracasos de los demás. Al contrario, se les debe permitir vivir en paz y disfrutar de la propiedad que han trabajado, sin interferencias del Estado.