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Cuando se trata de combatir la desigualdad y la violencia, son necesarias mejores leyes, políticas y presupuestos. En muchos países, existen actualmente leyes y políticas adecuadas para la protección de las mujeres y el reto consiste en cerrar la enorme brecha existente entre el dicho y el hecho. Las leyes no se cumplen debido a los magros presupuestos, a la falta de voluntad política o a las actitudes discriminatorias arraigadas en las instituciones, entre otros factores. Además, muchas mujeres desconocen sus derechos y, aunque los conozcan, el acto de denunciar o movilizarse puede conllevar enormes costos sociales.
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