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Una primera referencia sería la del dilema - casi constante en este tipo de análisis -, entre las condiciones empresariales, los mercados competitivos y la regulación. Esto siempre se ha puesto de presente como una visión contrapuesta a la noción de gobernanza, como si la desregulación o liberalización absoluta fuesen un modelo implementando en economías y estados desarrollados.
El estudio de Legatum Institute nos deja varias mediciones interesantes, por ejemplo, en infraestructura somos el número 66, hemos avanzado 18 posiciones en 10 años, en inversión somos el número 71, hemos descendido 4 puestos en 10 años, sin embargo, en protección de inversiones somos el número 30.
En condiciones empresariales somos el número 79, escalando tres posiciones en diez años, y aquí hago especial énfasis en que se destaca nuestra ley de competencia y nuestra autoridad de competencia –la Superintendencia de Industria y Comercio– la cual es referenciada como firme y eficiente en materia de exigir el cumplimiento.
En gobernanza ocupamos el puesto 68, avanzando tres posiciones en diez años, sin embargo, en Estado de Derecho bajamos del puesto 125 al 137 en el mismo periodo.
La integridad, tal vez mejor traducida como transparencia, nos deja en el escaño 72, es decir caímos cuatro posiciones en diez años. En igual sentido nuestra calidad legislativa cae 14 puestos, ubicándonos en el lugar 98.
Esta discusión, de lejos será pacífica, pues diferentes organizaciones internacionales, centros de pensamiento e incluso documentos de gobierno, siempre suelen presentar este dilema entre regulación y gobernanza, o regulación y desarrollo, lo que no es un tema fácil pues el estado de derecho y la seguridad jurídica suelen coexistir en Estados desarrollados y con autoridades fuertes e independientes, lo que siempre me ha generado curiosidad cuando se buscan implementar estos modelos en países en vía de desarrollo o de desarrollo medio, sugiriendo desregulación o fortalecimiento institucional, sin caer en cuenta de que esto va ligado a diversas y complejas tareas regulatorias, como la depuración, actualización o unificación.
Colombia tendrá muchos retos por venir en los próximos 10 años y con la variable de ser Estado miembro de la Ocde, lo que lo ubicará en la categoría de Estado en desarrollo, me permito compartir algunas sugerencias que podrían incluirse en el análisis 2021: la migración, el empleo, la economía pospandemia, la redinamización de nuestras industrias, en dónde haría énfasis en servicios, turismo e industrias creativas, el fortalecimiento institucional y el oversight, y la mejora judicial, que aunaría a la mejora legislativa que fue señalada en el reporte de 2020.
También vale la pena destacar que el estudio hizo especial referencia en el capítulo de infraestructura a los temas de acceso, calidad y cobertura del internet, así como en la cobertura y calidad de las vías e infraestructura, un tema ya por todos conocido.
Explicación:
Espero te ayude :D