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Respuesta:
Las instituciones son un determinante importante de los
resultados económicos y políticos en una sociedad. Debido a ello, y
ante las falencias evidentes en materia de política social en América
Latina, se han realizado muchas propuestas para mejorar las mismas,
incluyendo el rediseño de las instituciones de la política social.
En este documento argumentamos que si bien existen
instituciones de política social que pueden mejorar la eficiencia y
equidad de las políticas sociales, es poco probable que estas reformas
se implementen en forma aislada. Y si así fuese, su performance
podría ser distinta a la esperada. Ello se debe a que las instituciones en
una sociedad se encuentran interrelacionadas y, muchas veces, reflejan
delicados equilibrios sociales. Muchas de las instituciones específicas
de la política social se encuentran en un nivel inferior al de otras
instituciones que regulan la política, y dependen de estas. Esto tiene
consecuencias prácticas importantes. En particular, reformas
restringidas a la política social específicamente han fracasado
reiteradamente en América Latina, porque fueron implementadas en
un nivel bajo y/o intermedio, sin considerar la dependencia funcional
de las mismas con instituciones de nivel alto.
Sin embargo, ello no implica que no se tenga espacio para
mejorar las instituciones y políticas sociales. Todo lo contrario. En
este documento enfatizamos el rol de las evaluaciones de políticas
como un instrumento fundamental para mejorar el diseño y monitoreo
de las mismas. Chile es el mejor ejemplo de esto, aunque también es
ejemplo del punto hecho en el párrafo anterior, dado que las mejoras
en las instituciones y políticas sociales se han dado en el contexto de
substanciales mejoras institucionales en el país.
La principal fuente de información acerca de la efectividad de las políticas y programas
públicos –insumo indispensable aunque no suficiente en la toma de decisiones– es la evaluación de
los mismos. Debido a ello, la evaluación de los programas públicos debería ser una preocupación
constante de un gobierno interesado en lograr la mejor política social y de desarrollo posible.
El conocimiento sobre políticas sociales y de desarrollo obtenido a partir de evaluaciones
rigurosas puede ser de gran utilidad para generar consensos acerca de qué políticas deben seguirse,
así como para informar los intentos de rediseño y mejora de programas actualmente en vigencia.
Asimismo, contribuyen a clarificar las fuentes de divergencia sobre la efectividad de las
intervenciones en los debates de política.
Las intervenciones de política son siempre el resultado de un complejo proceso de decisiones
administrado por el sistema político. Así, las instituciones políticas determinan el contexto en que
se emprenden las acciones clave del gobierno. La pregunta crucial es cómo diseñar instituciones
que tomen decisiones de forma tal que estas funciones se cumplan adecuadamente. Sin entrar en
detalle en esta cuestión, la evaluación de políticas y programas sociales, y la difusión de las mismas
en la sociedad, tienen un rol central en promover buenas políticas públicas. En América Latina y el
Caribe se observa un bajo nivel en la evaluación y monitoreo de políticas y programas públicos.
Esto limita la participación informada de la sociedad en la propuesta y selección de políticas.
A esta altura, es claro que la sub-provisión de evaluación y monitoreo de políticas sociales,
mediante su efecto en el proceso de formulación e implementación de políticas publicas, afecta a la
sociedad en su conjunto, y por ello, no existe otra área que tenga una impacto social tan grande
como el de mejorar las capacidades de realizar evaluaciones rigurosas en la región.
La mayoría de los gobiernos de la región ha expresado su voluntad de avanzar en la
implementación sistemática y la evaluación de sus políticas sociales, y los organismos
internacionales de crédito han impulsado evaluaciones de los programas financiados por sus
diversas divisiones. Sin embargo, el éxito alcanzado en la región es aun escaso. Esto se debe a
varios factores.
Por el lado de la demanda, los gobiernos no siempre tienen los incentivos correctos por la
naturaleza de bien público regional de la evaluación, del cual no pueden apropiarse enteramente.
Por el lado de la oferta, se encuentran también severas restricciones, muchas de las cuales requieren
la creación de bienes que también poseen una dimensión de bienes públicos regionales.
En primer lugar, existen severos problemas de información en América Latina. Aunque son
escasos los estudios sistemáticos exhaustivos sobre los sistemas de información para el diseño de
políticas sociales, los trabajos disponibles coinciden en resaltar las debilidades estructurales de los
sistemas de información existentes, y su incapacidad de producir reportes con la información
necesaria para el diseño, administración y seguimiento de las políticas públicas.