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A partir de la elección presidencial del 2000, las campañas comenzaron a realizarse en un marco donde las empresas televisoras abarataron los costos de los spots en períodos electorales, los programas televisivos parodiaban a la clase política y el nivel de profesionalización de las campañas políticas incorporaba a expertos del marketing comercial como asesores profesionales de los partidos políticos.
El PAN cambió la forma de las campañas tradicionales hasta entonces basadas en una relación de cara a cara entre el candidato y su equipo con la ciudadanía, por una campaña de spots en la televisión.
La presencia de las campañas negativas en nuestro país trastocó la discusión teórica y normativa sobre su regulación en tanto fuente de información primaria para el votante mexicano y como estrategia de campaña de la clase política. En el primer sentido, uno de los ejes que ha nutrido la discusión teórica problematiza la vigencia de las campañas negativas en tanto que un voto proveniente de acusaciones falsas no necesariamente promueve un voto racional. En términos normativos, el ataque a los candidatos puede conducir a la crítica de todo el sistema político, convirtiendo a las campañas negativas en instrumentos poco democráticos para la discusión y deliberación racional de las decisiones públicas.
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