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Más allá de los debates electorales actuales, Colombia necesita un gran acuerdo nacional para desarraigar de forma urgente la violencia estructural que enfrentan algunos territorios del país y garantizar los derechos humanos, sobre todo de aquellas poblaciones que han sido históricamente marginalizadas y abandonadas por el estado. Este acuerdo debe convertirse en una política sistemática de Estado, y no puede seguir siendo un asunto que dependa de la voluntad política de los gobernantes de turno.
El Estado colombiano ha fallado en reconocer, y en consecuencia actuar, que en regiones como Chocó, Cauca, Catatumbo y Nariño, entre otras, las dinámicas del conflicto armado se han perpetuado y la población civil continúa sumida en medio de una perversa y generalizada violencia, y del vacío de presencia estatal. Tras más de cincuenta años de guerra, Colombia aún está en deuda con las más de siete millones de víctimas que aún están a la espera de justicia, reparación integral de los perjuicios sufridos, y el restablecimiento de sus derechos fundamentales.
En ese sentido, el silencio ante las graves violaciones de los derechos humanos que persisten en el país no puede seguir siendo la constante. Más aún, cuando las víctimas principales continúan siendo las comunidades afrodescendientes y los pueblos Indígenas, despojadas de sus territorios y recursos.