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Respuesta:Un día de estos, y su pesar, el Gobierno va a tener que comparecer en Cataluña. El tiempo se acorta y los soberanistas cumplen al pie de la letra su plan de independencia a plazos; la única deslealtad de la que no se les puede acusar es la de no haberlo anunciado. El recurso al poder judicial está a punto de agotar su viabilidad ante la evidencia también advertida de un abierto desacato. Y en todos los ordenamientos jurídicos del planeta –incluso en el de la fantasmal república catalana– está previsto que en caso de desobediencia a los tribunales entre en acción la facultad coercitiva del Estado.
La autoridad democrática es el sostén político del Estado de Derecho. Hay que ejercerla midiendo su proporcionalidad, sin precipitación ni exceso. Pero también con una legitimidad exenta de complejos. El desafío independentista reúne ya todos los requisitos exigidos, y hasta alguno más, para una respuesta sin remordimientos: es un golpe contra el orden constitucional y estatutario perpetrado por quienes juraron defenderlo. Y ha llegado a un punto tal que el Gobierno no puede pecar de imprudencia o de temeridad sino de poquedad y encogimiento.
Explicación:
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