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La Administración de justicia española no sólo adolece de una lentitud exasperante, sino que suele ser incomprensible para el ciudadano, al que se le escatima la información y no se le presta la atención debida como usuario de un servicio público esencial. El pacto sobre la justicia, firmado inicialmente por el PP y el PSOE en mayo de 2001, es un nuevo intento, aunque más solemne, de acabar con estos dos males crónicos.
No puede decirse, de momento, que ese pacto haya avanzado hacia la consecución de esos dos objetivos. Quizá porque cuenta con un horizonte temporal holgado (la actual legislatura y la próxima) se ha movido hasta la fecha más en el terreno de las buenas intenciones que de los hechos. La denominada carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia -suscrita por el Gobierno y todos los grupos parlamentarios el pasado martes- tiene más de lo primero que de lo segundo. De todas las medidas contempladas en el pacto, esta carta de derechos es la más barata y aquella sobre la que era más fácil el acuerdo. Ya se preocupó el ministro de Justicia de señalar en su presentación que las mejoras que prevé no tendrán un respaldo presupuestario específico.
Ello no quiere decir que esa carta de derechos del justiciable no tenga importancia, como expresión de voluntad política de hacer del ciudadano el protagonista de las reformas impulsadas por el pacto. Nadie puede estar en contra de que la Administración de justicia actúe conforme a los principios de 'transparencia, información y atención al ciudadano'. Pero es un mensaje que puede llevar una vez más a la frustración si no va acompañado de medidas concretas que lo hagan creíble. En primer lugar, debe ser interiorizado por los operadores de la justicia -jueces, fiscales, abogados- para que no quede en una declaración sin consecuencias. Es importante, por ello, que las 41 medidas que configuran esa carta de derechos tengan rango de ley y que su cumplimiento pueda ser exigido por los ciudadanos. Pero no hay que olvidar que algunas de esas medidas están en la ley desde siempre -los plazos procesales, por ejemplo- sin que haya habido manera de hacerlos cumplir hasta el momento. ¿Será esta enésima ocasión la vencida para que los jueces cumplan y hagan cumplir esa exigencia legal, acabando con una de las prácticas que más contribuyen al colapso judicial?