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Tomas Ojea Quintana. En primer lugar, porque la dictadura militar estableció un plan clandestino de represión, pero a la vez tenía que responder a ciertas normas jurídicas que había en el país; para eso debía interactuar con el poder judicial, y de esta forma comenzó a buscar cómplices.
El problema del poder judicial es que, históricamente, es un poder del Estado que ha transigido con los gobiernos autoritarios y dictatoriales. Recordemos que en el primer golpe de Estado de 1930, la Corte Suprema de aquella época emitió una acordada en la que declaraba que no iba a intervenir en relación al golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu, y que a partir de ese momento, aquel gobierno de hecho era legítimo, y la Corte no tenía nada que decir en relación a la Constitución.
Se puede deducir que si es correcto, es completamente manejado por los jueces de una nación.