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de
El coronavirus (COVID-19) es una emergencia de salud pública con impactos mul-
tidimensionales inmediatos y en el largo plazo, que conllevan riesgos y efectos
particulares en las niñas, niños, adolescentes y en las familias.
Si bien la niñez no es el grupo de población más afectado en términos de salud,
tiene el doble de probabilidades que los adultos de vivir en pobreza y es extrema-
damente vulnerable a sus consecuencias sociales y económicas (UNICEF, 2017). A su
vez, la población en situación de pobreza y los grupos más vulnerables están ex-
puestos a un mayor riesgo frente a shocks como los que representa una pandemia
y sus impactos pueden tener repercusiones profundas en ellos y ellas, así como en
las sociedades y comunidades en general.
Las niñas y niños son las víctimas ocultas del coronavirus. La pandemia del COVID-19
y las medidas tomadas por el gobierno para disminuir su propagación han alterado
la vida de los hogares con niñas, niños y adolescentes y han generado cambios en
los hábitos y rutinas de las personas. Hay un conjunto de efectos colaterales que
impactan especialmente a la niñez y adolescencia en dimensiones como educación,
nutrición, salud física y mental, ocio y recreación, protección, entre otras. En parti-
cular, estos efectos se intensifican en aquellas poblaciones más vulnerables como
las familias que viven en situación de pobreza.
Durante la ocurrencia epidemias o pandemias, las mujeres, niñas y niños se encuentran
expuestos en mayor medida a situaciones de violencia, maltrato, abuso o explotación
(UNICEF, 2020). A su vez, las mujeres también se enfrentan a una mayor carga de las
tareas y cuidados en el hogar (Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 2020).
Además, durante una emergencia de salud pública es crucial conocer las medidas
de prevención aplicadas en los hogares, la adhesión y respeto de las medidas dedistanciamiento, o los medios de comunicación por los que la población se está
informando.
Por otro lado, la pérdida repentina de ingresos familiares afecta la capacidad finan-
ciera de madres, padres y cuidadores para acceder a bienes y servicios esenciales
para satisfacer las necesidades de los niños y las niñas. Las desigualdades en el
acceso a servicios de salud, a esquemas de protección social y de ingresos, la po-
sibilidad de adquirir alimentos nutritivos, la ausencia de infraestructura de sanea-
miento e instalaciones de agua para el lavado de manos en los hogares, la falta de
opciones de conectividad y de aprendizaje remoto o a distancia, pueden ampliar las
brechas de inequidad en el ejercicio de derechos (UNSDG, 2020).
En este contexto, los sistemas de protección social ya han demostrado su efectivi-
dad para mitigar los efectos de las crisis económicas globales, como ocurrió en la
crisis financiera y de alimentos de 2008 (CONEVAL-UNICEF, 2010). En Argentina, la co-
bertura en el sistema de protección social, aun cuando presenta retos, logra alcan-
zar a 4 millones de niñas y niños y al 85,5% del total de población infantil (ANSES,
UBA, UNICEF, CEDLAS, 2017), evidenciando su potencial para ser parte de la respuesta
para contrarrestar los efectos del brote de COVID-19 (UNICEF, 2019).
El gobierno de Argentina ha puesto en marcha un conjunto de medidas en materia
de protección social, que van desde el incremento del monto de las transferencias a
los hogares con niños y niñas a través de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta
Alimentar, la instauración del Ingreso Familiar por Emergencia, la ampliación de las
transferencias de ingresos a otros grupos como adultos mayores, la continuidad y ex-
pansión de los apoyos alimentarios y la implementación de políticas amigables para el
cuidado de las familias. Complementariamente, se implementaron políticas de protec-
ción de empleo, se fortalecieron los programas de prevención de violencia en el hogar
y contra las mujeres, entre medidas de otra índole (Gobierno de la Nación, 2020)1
.
Considerando el gran esfuerzo financiero realizado por el Estado Argentino para
garantizar protección social a los más vulnerables, es estratégico conocer si los
destinatarios de los programas están satisfechos con las prestaciones, si identifican
barreras o dificultades para acceder a los beneficios, si los montos de la asignación