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La democracia es un objeto de investigación propio de la teoría y la filosofía política y del estudio comparado de los regímenes políticos. La teoría política discute los fundamentos normativos de la democracia, su consistencia lógica y su acomodo con otros principios e ideales morales y políticos (cf. Estlund 2009; Knight y Johnson 2011). La investigación empírica sobre la democracia analiza cuáles son sus formas, manifestaciones y determinantes, y sus consecuencias para la estabilidad política, el desarrollo económico o el bienestar social (Boix 2003; Inglehart y Welzel 2005; Przeworski et al. 2000). La teorización normativa y la investigación empírica sobre la democracia constituyen dos campos especializados de indagación, a pesar de que constantemente las cuestiones que se plantean en un campo confluyen con las que se discuten en el otro (Munck 2009; Przeworski 2010; O´Donnell 2010).
5El campo en el que la democracia no ha encontrado un lugar claramente definido es en el del estudio de las políticas públicas. Considerando las diferencias en las teorías sobre la política pública (Sabatier 2007), se puede decir que bajo este rubro se inscriben cuestiones relacionadas con el estudio de los modelos de definición, planeación, implementación y evaluación de las acciones que se realizan con un carácter obligatorio en nombre del interés público (Kingdon 2002). En ese sentido, la política pública no es simplemente una acción de relevancia colectiva o que involucre a distintos actores gubernamentales y sociales. Es una acción que, a través de distintos medios, pretende alcanzar un objetivo que está respaldado por la legalidad y la autoridad estatales.
6La cuestión aquí, entonces, es ésta: ¿puede ser la democracia considerada como un objeto de la política pública? De forma intuitiva, dado que la democracia es por definición un asunto que involucra a la comunidad política en su conjunto, podemos considerar con toda naturalidad que puede serlo. Sin embargo, por más intuitiva que parezca, la idea de considerar la democracia como objeto de la política pública puede dar lugar a varias objeciones, que quedan sintetizadas en este planteamiento: si la política pública es una intervención autorizada desde la esfera gubernamental, que se realiza conforme a un programa estratégico de acción, entonces la democracia no puede ser un objeto de la política pública, debido a las condiciones de “politización”, “autogobierno”, y “equilibrio” que caracterizan la democracia.
7La politización es una característica ontológica de la democracia. Es esa cualidad la que la hace elusiva al voluntarismo o la acción unilateral, pues se asume que la comunidad política, la ciudadanía, las leyes y la acción pública son instancias cuyos sentidos están permanentemente en disputa (Mouffe 2000; Rancière 1999). Desde este punto de vista, es objetable la idea de que la democracia pueda quedar regulada —“domesticada” o “despolitizada”, por así decir— por los modelos de la gestión pública. Para ser justos, es cierto que la ontología política de la democracia se define por la controversia y la disputa tanto simbólicas como políticas. Pero los desacuerdos normativos, la
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