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Actualmente, el sistema pensional en Colombia se encuentra en un déficit financiero, ya que, solo para el año 2017, se necesitaron 33,2 billones de pesos para pensiones del Presupuesto de Gastos, de un estimado de 224,4 billones para el Presupuesto General de la Nación (PGN)1. Es decir, casi el 15% del PGN es destinado a sufragar el rubro de pensiones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha reportado en su evaluación económica sobre Colombia que, a pesar de los avances en las políticas macroeconómicas del sistema fiscal, el país todavía se enfrenta al reto de reducir la desigualdad de los ingresos que reciben las personas.
Por lo tanto, la OCDE considera que Colombia debe diseñar una política económica que permita reestructurar su sistema fiscal, gravando todo tipo de ingresos exorbitantes recibidos por cada persona natural para que haya más justicia redistributiva y se materialice verdaderamente el principio de equidad, empezando a gravar, por ejemplo, todas las mesadas altas que reciben los adultos mayores por concepto de pensiones. Sin embargo, con la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se pretende adoptar una reforma tributaria estructural, las pensiones no fueron afectadas y siguen siendo un ingreso exento hasta un monto equivalente a 1.000 UVT2 ($31.859.000 COP), ya que no se modificó el numeral 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario.
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Respuesta: El gravar las pensiones en Colombia, desde la perspectiva social, implicaría un detrimento a las prerrogativas del derecho fundamental a la protección de las personas mayores en edad de jubilarse, que gozan de unos beneficios laborales en un país de desigualdades; sin embargo, desde una perspectiva económica
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