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Aunque el aumento en los impuestos a los licores y al cigarrillo ha tenido un efecto en el mayor recaudo de tributos –y en el caso de este último producto implicó en el 2017 la caída del 23 por ciento en las ventas, al bajar a 521 millones de paquetes en ese año para beneficio de la salud–, la otra cara de la moneda es el incremento en los indicadores de contrabando.
Mientras el comercio ilícito de bebidas destiladas en Colombia se calcula en el 22 por ciento, según la firma Euromonitor International, y el de cigarrillos llegó al 25 por ciento, de acuerdo con un estudio contratado por la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), los ojos de los expertos reunidos en el quinto encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (Alac), que se realiza en San José (Costa Rica), están puestos sobre la justa medida que debe tener la carga fiscal a este tipo de productos.
Explicación:
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