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las zonas rurales. Campesinos sin tierra, indígenas, afrodescendientes han luchado por proteger sus tierras de los intereses de empresarios y narcotraficantes. Es por esto que hoy el nuevo acuerdo para la paz respecto a la reforma rural integral del punto 1 y la solución al problema de drogas ilícitas del punto 4 del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera están en el centro de la agenda de discusiones públicas.
Mucho se ha dicho respecto a los acuerdos alcanzados en el punto 1 de la Reforma Rural Integral y del punto 4 en cuanto a la solución al problema de drogas ilícitas alcanzados en el Acuerdo para la terminación del conflicto armado. Sin embargo entre las primeras conclusiones a las que se puede llegar comparando las anteriores propuestas de reformas rurales agrarias existentes en el país es que los acuerdos alcanzados sobre Reforma Rural Integral, no solo son constitucionales sino que además son legales. En la realidad muchos de estos acuerdos ya estaban reconocidos en los marcos normativos vigentes en Colombia, en especial la Ley 160 de 1994 el cual creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Es que los conflictos territoriales que el país enfrenta son de tan larga data que ni los acuerdos de La Habana pudieron variar mucho las rutas que ya estaban trazadas en las normatividades agrarias del país.
De las 100 propuestas mínimas presentadas por las Farc-Ep sobre Desarrollo Rural y Agrario sólo el 2 % de sus propuestas lograron ser integradas en el punto 4 sobre solución al problema de drogas ilícitas. Se puede concluir que el nuevo acuerdo de paz, no avanzó más allá de impulsar en la agenda pública los derechos del campesinado sin tierra que estaban soterrados y sin voluntad política en la ley 160 de 1994.