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Tras tres años de lucha legal, la afroperuana Azucena Asunción Algendones tuvo éxito en el proceso judicial contra sus empleadores por discriminación. Todo empezó con una denuncia que hizo contra una compañera que la llamaba “negra cocodrilo”. Desde entonces, los malos tratos en su centro de labores se recrudecieron. La injusticia debía parar y, para ello, se enfrentó a un sistema que parece no estar muy preparado para revertir la situación, aunque ella lo hizo y generó un precedente. Esta es su historia.
Azucena Asunción Algendones sabía que tenía suficientes razones para lograr una sentencia favorable sin precedentes. Era consciente de que sus victimarios actuaban (o se mantenían en la inercia) por desconocimiento, por falta de empatía; porque, así como victimarios, también eran víctimas de una sociedad altamente racista y discriminadora, donde esto es “normal”, donde son pocos los que buscan evitar el perjuicio de sus derechos y, mucho menos, los que pueden atender a estos pocos que quieren llegar al final del asunto.
A Azucena la insultaron, la cambiaron de puesto sin un fundamento real, le negaron el acceso a su centro de labores; como trabajadora, primero; y como ciudadana, después. Fue humillada y sus denuncias fueron desestimadas por sus superiores, quienes debieron parar el hostigamiento que sufrió por parte de una compañera, que la llamaba “negra cocodrilo”. Por el contrario, castigaron su búsqueda de justicia con más injusticia: con el argumento de una política de rotación de la empresa SEDAM-Huancayo en la que prestaba servicios, la cambiaron de sede desatendiendo su condición de persona con discapacidad, le encargaron al personal de seguridad que impidiera su ingreso por no ser trabajadora de la sede en la que estaba y, finalmente, cuando quiso acceder mostrando su DNI, ya no como trabajadora, sino como ciudadana, también se encontró con una absurda y arbitraria negativa.