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Peculio es una palabra latina que significa capital, y la acción el peculado, tiene que ver totalmente con un servidor público que defrauda la confianza de quienes le encomendaron un cargo. Esta práctica comenzó en un primer momento con el robo que los particulares hacían del ganado que pertenecía al imperio romano. Poco después, el concepto se aplicó a todo robo que se hacía en contra de las propiedades del Estado. En algunas sociedades el castigo para quien se apropiaba de los bienes de todos era la mutilación de una mano o de las dos. En Roma a quien robaba se le castigaba con un flagelo y en casos más graves se aplicaba la pena de muerte.
Simplemente era inexplicable, como lo sigue siendo, que alguien se apodere de los bienes que son de todos. ¿Se imagina cuantos mancos encontraríamos a diario? Lo pertinente sería que quienes desviaron, desaparecieron y abusaron de sus puestos resarcieran, devolvieran, se les confiscara y pagaran lo correspondiente con cárcel por tomar lo que no les pertenecía. Esto debiera aplicarse también para quienes se beneficiaron.
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Veamos. La deuda pública de los estados en 2018 ascendía a más de 568 mil 934 millones de pesos, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. La CDMX debe 88 mil 384 millones de pesos, el Estado de México 57 mil 503 millones de pesos, Chihuahua 49 mil 027 millones de pesos, Nuevo León 48 mil 800 millones de pesos, Veracruz 41 mil 146 millones de pesos y Coahuila 36 mil 806 millones de pesos, agrega la fuente. Por supuesto hay otros estados como Querétaro que tienen una deuda pública altísima. En el tema de la deuda pública, los desvíos, los fraudes y los robos al erario llevan mano.
Sin lugar a dudas la corrupción detiene el desarrollo de las sociedades. Los desfalcos al erario que se han dado en una buena cantidad de estados de la Federación son la causa de la situación que enfrentamos. El Estado no debe de olvidar que su firmeza y credibilidad radica en hacer que se dé el cumplimiento colectivo de las normas y más en personas que juegan un rol preponderante en la conducción de la sociedad, eso justamente es la impunidad.
El peculado es y seguirá siendo un menoscabo público que atenta contra la ciudadanía. Es un robo que requiere castigo. No tiene otro nombre, sin embargo, aunque no se vea así, la gravedad aumenta porque lo realiza una persona que ejerce una función pública; misma a la que se le ha encomendado la responsabilidad de custodiar, gestionar y aplicar de forma correcta los recursos que se han obtenido por concepto de impuestos.
No se puede andar por la vida al amparo de axiomas como aquel que dice “yo no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay”. No basta que existan leyes como el artículo 223 del Código Penal que afirma que “todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”, o los artículos 19, 22 o 109 de la Constitución que determinan la actitud que deben de tener los servidores públicos en razón de los bienes del estado.
No es suficiente el escarnio público como pena para quienes abusan de los puestos públicos, se requiere aplicar la Ley para enviar mensajes a la ciudadanía.
La necesidad de ciudadanos que reflexionen, racionalicen y exijan del servicio público el apego a la legalidad, la transparencia y los códigos establecidos puede convertirse en la palanca que vaya borrando paulatinamente las malas prácticas de corrupción e impunidad de muchos servidores públicos en nuestro País. Con estas malas prácticas se pone en entredicho el respeto al estado de derecho, la procuración de una justicia igual para todos y el desarrollo de los desiguales.