Respuestas
• Es necesario diferenciar los conceptos de acceso y accesibilidad. Los datos muestran que alcanzar un alto grado de cobertura no implica necesariamente niveles significativos de consumo en el sector residencial. Resulta de vital importancia el acceso al equipamiento necesario que permite satisfacer en mayor cantidad y calidad los servicios energéticos, para lo cual resultan determinantes los niveles de ingresos.
• Las políticas sociales vinculadas al acceso a fuentes modernas de energía han estado dominadas por subsidios a la electricidad y a los combustibles. Sin embargo, en muchos casos la aplicación de subsidios genéricos, que carecen de una orientación específica a la población objetivo y de una garantía de adecuado monitoreo y seguimiento, ha implicado que dichos subsidios alcancen también a consumidores que deberían estar excluidos del beneficio, en desmedro de incrementos en la cobertura.
• Sin negar la necesidad, viabilidad y conveniencia de los subsidios como instrumentos de políticas de alivio a la pobreza energética, existe un potencial muy importante para su reorientación, diseñando esquemas de subsidios con un financiamiento adecuado mediante la movilización de fondos genuinos y permanentes. Estos deben ser aplicables bajo criterios transparentes, y que permitan su focalización en aquellos beneficiarios que deberían recibirlos.
• A pesar de que muchos países tienen programas que incluyen tarifas eléctricas subsidiadas, los pobres rurales generalmente no tienen servicio eléctrico y no se ven beneficiados por tales subsidios, generándose así una nueva brecha de desigualdad. En las zonas rurales se utilizan básicamente servicios energéticos “no modernos” –como la leña para actividades de cocción y calentamiento–, que son ineficientes y provocan daños en la salud.
• En áreas urbanas, la falta de una adecuada cobertura de las necesidades energéticas de la población pobre también ofrece incidencias sobre la salud, la igualdad de género, el trabajo infantil y las posibilidades de acceder a la educación. A ello se suma la precariedad jurídica, que es consecuencia muchas veces de la ocupación ilegal de tierras, de conexiones clandestinas a los servicios eléctricos y de la falta de un adecuado acceso a combustibles para usos de cocción y calentamiento de agua.
• También pueden conducir a problemas de sostenibilidad, tanto para las empresas prestadoras del servicio eléctrico, si los usuarios no están regularizados; como para el ambiente, si estos usuarios ilegales utilizan, por ejemplo, la electricidad para consumos calóricos, induciendo a mayores necesidades de generación que en cierto grado aumentan las emisiones de CO2.
• En algunos casos, parece necesaria la implementación de una reforma de las estructuras tarifarias y los sistemas de subsidios, con el propósito que satisfagan objetivos de cobertura, costos, equidad, eficiencia y reducción de impactos ambientales negativos. Esto implica la necesidad de vincular y considerar en simultáneo estrategias de acceso y programas de uso eficiente de la energía, que favorezcan una mayor coordinación con las empresas prestatarias del servicio. También se debe analizar la posibilidad de involucrar a las empresas en el financiamiento de equipos eficientes y destrucción de los ineficientes.
• Para localizar los problemas de pobreza energética y establecer prioridades y estrategias (que no se encuentran hoy en la agenda política de un modo orgánico o formando parte de las políticas energéticas), será necesario obtener mayor y mejor información.