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A la altura de finales de 2014, la Transición española, un modelo que durante
mucho tiempo se presentó como modélico y exportable, hace aguas hasta el
punto de que el bipartidismo surgido de los pactos de ese período y que ha
permitido al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español alternarse en
el gobierno, se ve seriamente amenazado por la sorpresiva irrupción del
fenómeno Podemos. Esta formación política ha sabido recoger el hartazgo de la
ciudadanía española ante los numerosos casos de corrupción y la impotencia
del ciudadano ante un sistema que no le permite más que votar cada cuatro
años y criminaliza crecientemente la posibilidad de protesta. Sin embargo, el
cuestionamiento de la transición española tiene ya más de una década. Autores
como Alfredo Grimaldos, Gonzalo Puente Ojea, Mariano Sánchez, Carlos
Jiménez Villarejo, Joaquín Navarro, etc., han ido agrietando el compacto mito
fabricado en torno a una supuesta modélica transición.
Desde el punto de vista de lo que ha venido en llamarse Justicia Transaccional, el
modelo español presenta algunas características que lo diferencian de otros
procesos transaccionales (Tamarit, 2012):
- Las violaciones más graves y masivas de derechos humanos tuvieron
lugar al principio de un régimen.
- El dictador muere antes del comienzo de la transición; de hecho, su
muerte marca el inicio de ésta. Otros máximos responsables del golpe de
estado de 1936 y de las posteriores atrocidades murieron mucho antes.
- A la muerte del dictador, sus sucesores conservaron poderosos resortes
de poder. Por otro lado, la sociedad no cuestionaba de manera
generalizada el franquismo, a pesar de una protesta social creciente en
sectores como el industrial y el universitario. Ello tuvo que ver con la
larga duración de la dictadura (1939-1975) y con una durísima represión
inicial basada en el terror