Respuestas
Respuesta:
El desafío de la participación ciudadana, en el marco de un Estado democrático
de derecho (EDD), equivale -en esencia- al compromiso social y político de
fortalecer una ciudadanía activa y responsable. El avance en esta dirección
está condicionado por las características de la sociedad civil, en tanto espacio
de articulación y construcción de la diversidad de actores, con sus propias debilidades
y fortalezas, y cuya interacción, en un juego de fuerzas y conflictos, van a permitir la
emergencia del Estado democrático y la fortaleza institucional que se logre en cada
régimen democrático particular.
La relación entre Estado y sociedad civil es interdependiente: el desarrollo
de la sociedad civil y sus características, está en consonancia con el desarrollo del
EDD, y por consiguiente, con los avances en la construcción de los regímenes
democráticos. La naturaleza de la demanda social, el tipo de organización, sus niveles
de independencia y autonomía, el carácter de la petición ciudadana y sus alcances,
así como el reconocimiento social o la inclusión se conforman de cara al Estado.
La ciudadanía, más que un atributo predefinido e inamovible, es una realidad o
una práctica en construcción. Esta, en la evolución de los Estados democráticos, ha ido
ampliándose a partir del reconocimiento de los derechos individuales o civiles, para
abarcar los derechos políticos y más recientemente los derechos sociales incluido el
derecho a la protección y conservación de los servicios ambientales. Esta ampliación
de derechos ha dependido y depende del fortalecimiento de los actores que conforman
la sociedad civil, así como de los avances en su inclusión como ciudadanos, de
sectores o grupos poblacionales tradicionalmente excluidos. En consecuencia, la
construcción de ciudadanía ha ido aparejada al reconocimiento de los derechos de
sectores sociales que no gozaban de ellos y que han conquistado su reconocimiento
y con ello ampliado el concepto de ciudadanía.
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