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Respuesta:
Previo a la pandemia ya existían marcadas expresiones de descontento social en el mundo. El agobio de una parte importante de la población, especialmente de la juventud, era evidente. La falta de empleo y oportunidades parecían el denominador común de una ola de protestas en varios países, y que llegaron a diluirse, temporalmente, por el confinamiento obligatorio que la crisis sanitaria demandaba. Un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, refleja las severas consecuencias en el empleo que la crisis del covid ha ocasionado a nivel mundial, de manera particular, el impacto que ha tenido en los jóvenes. En efecto, al segmento de población menor de 24 años se lo denomina “generación del confinamiento”, siendo estos los que han absorbido mayormente las consecuencias negativas de la pandemia, no solamente en oportunidades laborales, sino también en su proceso educativo. Uno de cada seis jóvenes ha perdido su trabajo desde el inicio de la crisis sanitaria. EL 77% que trabaja está en el sector informal. Cuatro de cada diez laboran en los sectores que han sufrido mayor afectación, tales como comercio, hotelería o turismo. Más de la mitad de los jóvenes encuestados por la OIT han declarado que, debido a la pandemia, van a sufrir un retraso en la culminación de sus estudios, y un 10 % no podrá terminarlos. Esta alarmante realidad no es ajena a nuestro país. El desempleo juvenil antes de la llegada del covid era del 9,3 % y representaba el 37 % de los desempleados totales. La recuperación lenta que se avizora de nuestra economía afectará a un grupo importante de jóvenes que tendrán mayor dificultad en encontrar trabajo, en momentos en que el aparato productivo se encuentra en pleno esfuerzo de convalecencia. La exclusión de los jóvenes del mercado laboral es un problema grave que concierne a la sociedad en su conjunto. No se puede delegar de manera exclusiva la discusión de esta problemática a una clase política que, en su mayoría, carece de credibilidad y que, en muchos casos, sigue abochornando al país con actos de corrupción que han provocado la indignación y el hartazgo colectivo. El país vive una crisis moral y una incapacidad manifiesta de llegar a acuerdos mínimos. El reto es tender puentes de diálogo, articulados desde la sociedad civil, para lograr consensos básicos que permitan crear la pauta de una agenda de desarrollo que trascienda el populismo, la temporalidad de los gobiernos y la mezquindad política. Un acuerdo nacional con miras a generar nuevas oportunidades de empleo, particularmente para la “generación del confinamiento”. Si este objetivo no se logra, seremos corresponsables de un mayor agobio colectivo, reflejado en manifestaciones de descontento social, que se sabe como comienzan, pero no como terminan.
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Previo a la pandemia ya existían marcadas expresiones de descontento social en el mundo. El agobio de una parte importante de la población, especialmente de la juventud, era evidente. La falta de empleo y oportunidades parecían el denominador común de una ola de protestas en varios países, y que llegaron a diluirse, temporalmente, por el confinamiento obligatorio que la crisis sanitaria demandaba. Un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, refleja las severas consecuencias en el empleo que la crisis del covid ha ocasionado a nivel mundial, de manera particular, el impacto que ha tenido en los jóvenes. En efecto, al segmento de población menor de 24 años se lo denomina “generación del confinamiento”, siendo estos los que han absorbido mayormente las consecuencias negativas de la pandemia, no solamente en oportunidades laborales, sino también en su proceso educativo. Uno de cada seis jóvenes ha perdido su trabajo desde el inicio de la crisis sanitaria. EL 77% que trabaja está en el sector informal. Cuatro de cada diez laboran en los sectores que han sufrido mayor afectación, tales como comercio, hotelería o turismo. Más de la mitad de los jóvenes encuestados por la OIT han declarado que, debido a la pandemia, van a sufrir un retraso en la culminación de sus estudios, y un 10 % no podrá terminarlos. Esta alarmante realidad no es ajena a nuestro país. El desempleo juvenil antes de la llegada del covid era del 9,3 % y representaba el 37 % de los desempleados totales. La recuperación lenta que se avizora de nuestra economía afectará a un grupo importante de jóvenes que tendrán mayor dificultad en encontrar trabajo, en momentos en que el aparato productivo se encuentra en pleno esfuerzo de convalecencia. La exclusión de los jóvenes del mercado laboral es un problema grave que concierne a la sociedad en su conjunto. No se puede delegar de manera exclusiva la discusión de esta problemática a una clase política que, en su mayoría, carece de credibilidad y que, en muchos casos, sigue abochornando al país con actos de corrupción que han provocado la indignación y el hartazgo colectivo. El país vive una crisis moral y una incapacidad manifiesta de llegar a acuerdos mínimos. El reto es tender puentes de diálogo, articulados desde la sociedad civil, para lograr consensos básicos que permitan crear la pauta de una agenda de desarrollo que trascienda el populismo, la temporalidad de los gobiernos y la mezquindad política. Un acuerdo nacional con miras a generar nuevas oportunidades de empleo, particularmente para la “generación del confinamiento”. Si este objetivo no se logra, seremos corresponsables de un mayor agobio colectivo, reflejado en manifestaciones de descontento social, que se sabe como comienzan, pero no como terminan.
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