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Uso excesivo de la fuerza
Durante todo el año hubo informes sobre casos de uso excesivo de la fuerza. En enero, Cédric Chouviat murió como consecuencia de una técnica de inmovilización que unos agentes de policía le aplicaron en un control de carretera. Tras su muerte, el ministro del Interior anunció que se prohibiría dicha técnica, pero días más tarde se retractó de su decisión.
La aplicación de las medidas contra la COVID-19 reveló el carácter recurrente del uso ilegítimo de la fuerza por la policía, sobre todo en las zonas urbanas desfavorecidas con un alto porcentaje de población perteneciente a minorías étnicas. Amnistía Internacional confirmó al menos 15 de estos casos en 15 ciudades entre marzo y abril. En varios de ellos, los agentes de policía también habían hecho comentarios racistas y homófobos.1
En septiembre, el Ministerio del Interior dio a conocer una nueva estrategia sobre el control de reuniones que, en lugar de anteponer el diálogo y las prácticas de distensión, seguía centrándose en el uso de la fuerza, incluso con armas y técnicas peligrosas.
Seguía sin existir un mecanismo independiente para investigar los casos de uso ilegítimo de la fuerza. Muy pocos agentes encargados de hacer cumplir la ley fueron procesados en relación con denuncias de uso ilegítimo de la fuerza en las protestas de 2018 y 2019. En uno de esos casos, en junio, un agente fue multado por disparar una bala de goma al rostro de una manifestante durante una protesta en 2018.
En noviembre, la Asamblea Nacional aprobó una ley que penalizaba la difusión de imágenes de agentes encargados de hacer cumplir la ley que se considerara que pudieran amenazar su “integridad física y psicológica”, y con eso añadió obstáculos a la rendición de cuentas por el uso excesivo de la fuerza. Al finalizar el año, el proyecto de ley continuaba pendiente ante el Senado.
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