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Centroamérica es una región muy vulnerable a los efectos del cambio climático; una zona que a finales del invierno convergen tormentas y huracanes, deslizamiento de tierra e inundaciones de ríos. En días recientes, el Huracán Eta ha dejado destrozos en la infraestructura, la producción campesina y pérdida de vidas humanas.
Nuestras organizaciones campesinas, trabajadores asalariados y pueblos originarios en Honduras y Guatemala pasan por un momento muy difícil y esta situación se debe también a los gobiernos que ejecutan políticas neoliberales que se manifiestan en el enriquecimiento ilícito de la clase política y empresarial dominante que gobierna, la falta de institucionalidad, la corrupción sobre los fondos estatales y de cooperación internacional; además la privatización de los servicios básicos.
Como consecuencias de estos manejos, la clase desposeída: el campesinado, los y las obreras trabajadoras asalariadas y comunidades indígenas sufren el abandono de sus Estados. La situación socioeconómica y ambiental de estos sectores es vulnerable y se recrudece cuando de fenómenos meteorológicos se trata o bien crisis sanitarias como la Pandemia del Covid-19 que actualmente se vive.
Honduras y Guatemala son dos países que denuncian sistemáticamente la falta de políticas sociales y económicas; el abuso de poder dirigido al acaparamiento de tierras y territorios para la expansión de monocultivos y el extractivismo, realidad que vulnerabiliza los derechos de las poblaciones, pero sobre todo provoca la destrucción lenta y progresiva de los bienes naturales.
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