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La falta de voluntad política y liderazgo: La experiencia sugiere que se requiere compromiso político sostenido de la comunidad internacional, los dirigentes nacionales y el personal directivo superior para garantizar que las instituciones de seguridad respeten los derechos de la mujer y aborden el problema de la violencia contra ellas. Sostener esta voluntad política es difícil debido a la comprensión limitada de la repercusión que la violencia contra la mujer puede tener en los resultados en materia de seguridad (como la estabilidad de la comunidad). Además, los gobiernos tal vez no consideren que la violencia de género reviste carácter prioritario en relación con otras cuestiones de seguridad debido a restricciones financieras u otras limitaciones de capacidad. La falta de voluntad política podría traducirse en una asignación inadecuada de recursos para las instituciones de seguridad y los mecanismos especializados para que el personal de seguridad aborde la violencia contra la mujer. Esto también menoscaba los derechos de las supervivientes al acceso a la protección básica y perpetúa un entorno político y social en que se tolera este tipo de violencia (Naciones Unidas, 2006).
Inversiones de corto plazo y fragmentadas: Las iniciativas para abordar la violencia contra la mujer en este sector suelen formularse y ejecutarse con un plazo y un presupuesto de corto plazo. La financiación insuficiente de la respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas es característica de muchos presupuestos nacionales y de los presupuestos de instituciones de seguridad en particular. Especialmente en entornos posteriores a los conflictos, la mayor parte de la financiación de las iniciativas de seguridad que abordan el problema de la violencia de género proviene de la comunidad internacional o de donantes. Esto crea problemas específicos de continuidad y sostenibilidad, habida cuenta de las prioridades de corto plazo y con frecuencia impulsadas desde el exterior en que se fundamentan las iniciativas. Las políticas y los programas centrados en la violencia de género tal vez también estén aislados de los procesos institucionales y sectoriales, lo que reduce aún más su posible repercusión y sostenibilidad. Así pues, la experiencia de las dependencias especializadas (por ejemplo, comisarías de la mujer y oficinas de género), que son medidas de corto plazo importantes en entornos de bajos recursos, ha puesto de relieve el riesgo de que las iniciativas selectivas queden marginadas de las políticas de seguridad y las prácticas institucionales generales. Una vez que se han establecido, las dependencias no siempre cuentan con los recursos suficientes para funcionar satisfactoriamente ni tienen el alcance adecuado para abarcar a toda la población. Además, la falta de una programación sostenida e institucionalizada perpetúa la rotación frecuente de personal familiarizado con la cuestión, frena las iniciativas de normalización de reglas y prácticas e impide la ampliación de iniciativas piloto prometedoras y la maximización de su eficacia (Saferworld, 2010, Villalva, 2006).
Prioridades cambiantes en un mandato amplio: La policía debe responder a todo tipo de delitos y cuestiones de orden público todos los días, lo cual crea dificultades para equilibrar los compromisos relativos a la violencia contra la mujer con las respuestas a los delitos a que hace frente la institución habitualmente. Además, impartir formación permanente a la policía para dotarla de los conocimientos y competencias necesarios para responder adecuadamente a la violencia contra la mujer (incluida la comprensión de la igualdad de género) es difícil debido al alcance y la profundidad de la capacitación necesaria en todos los ámbitos de respuesta.
Falta de competencias y conocimientos de la policía y otros actores del orden: En general, hay una gran escasez de personal de seguridad (en todas las categorías, desde funcionarios administrativos hasta directivos) que tenga una comprensión profunda de la desigualdad de género y la forma en que esto se relaciona con los abusos contra la mujer. Hay aún menos actores de seguridad con la competencia técnica suficiente para abordar la violencia de género (a nivel tanto normativo como operacional). Esta falta de competencias ha tenido repercusiones considerables en la eficacia del sector para cumplir su mandato de proteger el derecho fundamental de las mujeres y las niñas de vivir libres de violencia. En muchos entornos, el personal de seguridad tiene formación limitada sobre la violencia de género, o carece totalmente de ella; y aun en los casos en que el personal recibe formación específica, las instituciones de seguridad suelen tener una gran rotación de personal debido a entornos de trabajo difíciles.