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Respuesta:
seguridad ciudadana, derechos humanos y justicia penal juvenil
San José, Costa Rica
Distinguidos y distinguidas participantes, representantes de gobiernos, de organizaciones de la sociedad civil y expertos, para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la que represento, es un gran honor poder estar hoy aquí acompañando este importante proceso que lleva a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para una Oficina Regional pequeña como la mía, que tiene su sede en Panamá, el trabajar conjuntamente con los actores de la región es de vital importancia, y la seguridad ciudadana es una de las prioridades de nuestro programa.
Urge en verdad redefinir el discurso sobre violencia e inseguridad en términos de derechos humanos, de la misma forma que hemos redefinido ya los conceptos de pobreza y desarrollo. Urge, primero y fundamentalmente, porque la falta de seguridad es un problema de derechos, que atenta contra el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, y pone en peligro las posibilidades de los ciudadanos para disfrutar otros derechos. Pero urge también, porque el discurso preponderante en algunos sectores en el continente, que describe erróneamente a los derechos humanos como un obstáculo a la seguridad, puede poner en peligro los logros alcanzados en las últimas décadas, e impactar negativamente en nuestras posibilidades de trabajar y mejorar en pro de los derechos humanos en todos los ámbitos. Se podría decir que más que a una reformulación de los temas de seguridad en temas de derechos humanos, lo que se está produciendo es una permeación del discurso de seguridad a otros ámbitos como la migración o la protesta social, con consecuencias negativas para el disfrute de los derechos.
Durante demasiados años, los trabajadores de los derechos humanos no hemos prestado la necesaria atención al tema de la seguridad, o nos hemos limitado a señalar los límites en los que debían enmarcarse las políticas de seguridad, dejando así un espacio que ha sido ocupado por otros discursos, no precisamente más eficaces.
Nuestro problema es que las políticas represivas son mucho más fáciles de medir y vender que las políticas que adoptan un enfoque de derechos. Las políticas represivas se prestan fácilmente a la cuantificación y proporcionan lo que aparentan ser resultados rápidos y concretos que ofrecer a los medios: tantos “delincuentes” (entre comillas) detenidos; tantas armas requisadas; tantas pandillas desmanteladas. La realidad es que la mayoría de los números que se ofrecen no son indicadores del impacto de las políticas sobre el problema mismo, la inseguridad, sino que se limitan a medir directamente las acciones emprendidas. Si queremos ser escuchados, necesitamos medir el impacto de las políticas con un enfoque de derechos en la disminución real de la violencia y basar nuestro discurso, en la medida de lo posible, en experiencias exitosas, de ahí la relevancia de consultas como esta, de ahí la importancia de sus aportaciones durante estos dos días.
Pero ¿qué supone exactamente un enfoque de derechos humanos a la seguridad? Supone en primer lugar, como decíamos antes, redefinir la seguridad en términos de disfrute de los derechos, el derecho a la vida y a la integridad física de las personas. Consecuentemente, los derechos humanos establecen obligaciones positivas a los Estados en materia seguridad. Las políticas de seguridad ciudadana deben ser evaluadas en tanto y cuanto contribuyan o no la garantizar el derecho a la vida y la integridad física de las personas.
Un enfoque de derechos humanos a la seguridad supone además adoptar los estándares de derechos humanos como los límites de la “cancha de juego” en que deben diseñarse y aplicarse las políticas en este ámbito; y suponer adoptar los principios de derechos humanos como las reglas de juego en las que nos movemos dentro de esa cancha. Los principios de participación, de rendición de cuentas, de no-discriminación, principios que emanan de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, deben guiar el diseño, la implementación y la evaluación de nuestras
Respuesta:Urge en verdad redefinir el discurso sobre violencia e inseguridad en términos de derechos humanos, de la misma forma que hemos redefinido ya los conceptos de pobreza y desarrollo. Urge, primero y fundamentalmente, porque la falta de seguridad es un problema de derechos, que atenta contra el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, y pone en peligro las posibilidades de los ciudadanos para disfrutar otros derechos.
Explicación:LA INSEGURIDAD CIUDADANA DAME CORONITA PORFA