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Respuesta:
px el mal gobierno que ay
Respuesta:
E
n un artículo previo publicado en el boletín Ciudad
Segura No. 6 (Simon, 2006), exploré las relaciones existentes entre administración de justicia y las medidas que
un Estado toma para enfrentar la inseguridad ciudadana, particularmente la expansión de los delitos en una sociedad. Para el
presente trabajo he asumido los mismos supuestos que informaron ese análisis:(i) El Derecho Penal,es decir,el establecimiento de ciertas conductas como delitos, hacen parte del “elenco”
de soluciones que brinda una sociedad a los conflictos que surgen en su seno. Entre las respuestas (en el marco de las llamadas “políticas de manejo de la conflictividad”) se podría considerar a los sistemas de resolución de los conflictos a nivel social, los
de anticipación del conflicto, los mecanismos de mediación, jueces de paz, entre otros. (ii) Algunos de esos conflictos –por los
bienes, intereses o derechos en juego– son calificados como
delitos2
, es decir, se asume que el Estado va a usar la coacción
jurídica (la violencia institucional legalizada) para enfrentar y sancionar esas conductas. (iii) El análisis sobre la reforma procesal
penal reciente es indispensable, ya que si bien no se la pensó
directamente relacionada con la seguridad ciudadana (en su
componente negativo: enfrentar la inseguridad), sus promotores
“anunciaron que ésta contribuiría al incremento de la efectividad
y celeridad del sistema; por tanto, sería un aporte para mejorar
la persecución penal” (Simon, 2006). Y, (iv) este trabajo revisa
aspectos del funcionamiento del sistema penal, es decir, la aplicación que se hace del derecho penal por parte del “sistema institucional que tiene como actores principales a jueces, fiscales y
policías…”3
; por tanto, deja de lado la discusión conceptual
sobre la pena y su función (real o simbólica).
Sin embargo, no es posible dejar de señalar, al trabajar en
la relación impunidad-sistema penal, el rol que las penas cumplen en una sociedad determinada, por ser supuestos fundamentales de su análisis. Es así que se asume que éste (el sistema penal) es un mecanismo válido (en cuanto a su eficacia
para lograr ciertos objetivos) y legítimo (desde la perspectiva
de una justificación socialmente relevante de la violencia institucional), al acoger esa relación con la impunidad de manera
eficaz y legítima.
Explicación: