Respuestas
Respuesta:
Costa Rica se enfrenta a los desafíos del envejecimiento poblacional y el cambio en la estructura
etaria de su población. Como tal, el proceso de envejecimiento modifica la demanda de algunos
servicios públicos, por lo que se le considera un proceso con capacidad de impactar
significativamente la Hacienda Pública. En particular en lo que respecta a los servicios de
educación, salud y pensiones, cuya demanda se concentra en grupos etarios particulares.
Ante este panorama, la Contraloría General de la República (CGR) emite el presente informe de
Opiniones y Sugestiones, con el fin de proveer insumos técnicos para la discusión y toma de
decisiones en materia de envejecimiento y finanzas públicas por parte de las autoridades
competentes, dentro de las cuales destacan la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda, el
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), el Ministerio de Educación
Pública (MEP), el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El alcance del estudio comprende los sectores de educación, salud y pensiones. Para cada sector
se cuantificó un efecto demográfico puro, a partir de estadísticas de cobertura, nivel de gasto y
proyecciones de población y de cantidad de personas pensionadas. Este ejercicio permite
identificar que en materia educativa, solo por efecto del envejecimiento se esperaría una
reducción del gasto del 7,7% del PIB en 2017 (considerando el gasto del INA) al 5,2% del PIB en
2030. No obstante, es de esperar que esta disminución no se materialice, sino que el gasto
continúe con la trayectoria creciente que ha mostrado, ello en virtud de la obligación constitucional
de asignar el 8% del PIB a la educación.
Para el sector salud, el envejecimiento implica un aumento esperado del gasto en hospitalización
y consulta externa de al menos el 86% hacia 2030, con respecto a 2016, en un escenario optimista
de frente a un perfil de salud con mayor prevalencia de enfermedades no transmisibles.
En el sector de pensiones, más adultos mayores implican una mayor demanda de pensiones por
vejez, que junto a las de invalidez y sobrevivencia configuran el gran desafío de la sostenibilidad
financiera para el IVM. En 2030, el cambio demográfico redundaría en un aumento del 263% en
el gasto de pensiones por vejez, las cuales pasarían de representar el 1,5% del PIB en 2017 a un
rango del 2,5% al 2,7% del PIB en tan solo 12 años, lo que permite apreciar la velocidad con la
que el envejecimiento afectará las finanzas del IVM.
Para atender estos profundos desafíos, se propone la creación de un marco fiscal demográfico que
oriente el análisis y abordaje de la formulación de política pública que considere este fenómeno.
Ignorar la dinámica poblacional, equivale a no considerar la presión actual y futura sobre los
sistemas de protección social en un sentido amplio. La estructura etaria de la población se convierte
en un parámetro de suma relevancia para realizar asignaciones de gasto más oportunas, pertinentes
y eficientes, siempre bajo premisas de sostenibilidad financiera de largo plazo.
Este marco fiscal demográfico se compone de 4 ejes: demanda de recursos (quiénes demandan
estos servicios y qué otras situaciones podrían devenir en una mayor demanda de recursos a
futuro), oferta de recursos (con cuáles recursos dispone la administración), instrumentos fiscales
(qué medidas se pueden adoptar desde la óptica fiscal para minimizar el impacto del cambio
demográfico sobre la Hacienda Pública) y transparencia y rendición de cuentas, que permita
contar con la información necesaria para la toma de decisiones.
Como se verá, existe un amplio espacio de mejora para la inclusión del componente demográfico
en los procesos de planificación-presupuestación del sector público.
Explicación: