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EstadosUnidos,Argentina nació a partir de la unión de estados preexistentes, en un proceso de poblamiento que comenzó en el Norte y Centro para luego avanzar hacia Buenos Aires, durante siglos una ciudad pequeña y alejada del centro de las decisiones virreinales. Por este motivo, por tener en su base a provincias tan disímiles como Salta, en su momento parte del imperio inca, y Santa Cruz, que recién se pobló en el siglo XX, y por las distancias oceánicas de un territorio que de norte a sur mide 3.694 kilómetros, las desigualdades territoriales son en Argentina más profundas que las de países cuyo PIB per cápita es más bajo, pero que se encuentran más cohesionados desde el punto de vista geográfico, como Uruguay o Chile.
Las estadísticas son como los sueños, que cada uno interpreta a su modo, pero a veces no hay más remedio que recurrir a ellas. La diferencia territorial entre niveles de desarrollo es ostensible. Si el producto bruto geográfico por habitante de la región pampeana, la más rica del país, equivale a 1 peso, el del noroeste es de 0,84 y el del noreste es de 0,66. Esta brecha se refleja en otros indicadores: las exportaciones per cápita en el noroeste (a pesar del auge de la minería) equivalen a la mitad de las pampeanas (en el noreste representan apenas un quinto de las pampeanas). En cuanto al salario, si es de 1 peso en la región pampeana, equivale a 0,67 en el noroeste y a 0,62 en el noreste (1).
Junto a la democracia representativa y el republicanismo, el federalismo constituye uno de los tres pilares político-jurídicos de Argentina. Pero el federalismo no es una foto congelada sino la película de una negociación permanente. Su estado actual es complejo. Por un lado, la distribución de recursos entre la Nación y las provincias favorece a la primera más que en cualquier otro momento de la historia, dato que está en la base de la capacidad de supervivencia del kirchnerismo (si antes de 1976 la recaudación fiscal se dividía equitativamente entre el gobierno federal y los provinciales, hoy, como resultado del impacto de impuestos no coparticipables como las retenciones, la proporción es 70 a 30). En combinación con una ley de coparticipación injusta, el resultado son administraciones provinciales en algunos casos muy dependientes de las transferencias nacionales, como sucede en casi todas las provincias del norte pero no sólo allí: Buenos Aires, por ejemplo, vive en una situación de permanente emergencia fiscal.
Es curioso, pero la dependencia fiscal se produce en un momento en que los gobernadores gozan de una autonomía política inédita, a la que contribuyen factores de todo tipo: desde la posibilidad de desdoblar las elecciones (lo que les permite desengancharse de la candidatura nacional) y las reformas constitucionales realizadas en los últimos años (que en general habilitaron la reelección del gobernador), hasta el control de la educación y la salud, transferidas durante los 90. En aquellas provincias que además cuentan con recursos propios, como las hidrocarburíferas del sur, las mineras de la cordillera o las que han sabido aprovechar el auge de las economías regionales, el margen de maniobra de los mandatarios es enorme.