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El presente texto es un abstract del texto “La concentración mediática no es asunto de privados” de Jorge Luis Acevedo Rojas, comunicador social y educador, magíster en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Especializado en diseño, gestión y evaluación de programas y proyectos de desarrollo, con énfasis en comunicación y educación. Ha realizado investigaciones y publicado libros y artículos, en calidad de autor y coautor, sobre comunicación y política, radios comunitarias y educativas, comunicación y cambio social.
La compra del 54% de EPENSA por parte del Grupo El Comercio ha generado que este controle el 80% del mercado de la prensa escrita, es decir tiene la mayor captación de lectores e inversiones publicitarias a través de ocho diarios: El Comercio, Perú21, Trome, Gestión, Depor, Ojo, Correo y El Bocón, sin contar las diversas revistas; sin contar su influencia en la televisión: América Televisión y Canal N.
Se estima que el grupo superaría el millón y medio de ejemplares y su influencia se extendería a cuatro millones y medio de personas como mínimo, teniendo en cuenta que entre tres y cinco personas tienen acceso a un ejemplar. Ahora, entrando en el plano de la televisión, El Comercio a través de América Televisión tiene la atención de un tercio de la audiencia nacional y un nivel similar en la captación de inversión publicitaria. Entonces, el mercado de la prensa se ha vuelto un cuasi monopolio como señala el autor.
La capacidad de los medios de comunicación para construir las agendas públicas y políticas, es decir su capacidad de visibilizar ciertos problemas y soluciones, mientras que se deja de lado otros implica un gran problema para la población. Esto genera que se coloque una barrera al pluralismo político y cultural, y se socava la calidad de la democracia. La concentración de la propiedad y el predominio en el mercado mediático incrementa la influencia política de determinados grupos de interés y se limita la diversidad de las voces y contenidos, especialmente de los grupos regionales y locales.
El poder de los grupos mediáticos hace que crezca cada vez más las posibilidades de que diversos grupos de interés puedan influir en las agendas y en las decisiones políticas de un país. El carácter presidencialista del sistema político peruano y la ausencia de partidos y el clientismo entre políticos y empresarios de medios permiten que estos grupos de mediáticos sigan creciendo. Incluso no se reformo el sistema de medios cuando en los años 200-2001 se hicieron públicas las relaciones de corrupción entre el gobierno de Fujimori y Montesinos y diversos propietarios de canales de televisión, emisoras de radio y prensa escrita.
En otro países se han creado marcos jurídicos que limitan la concentración mediática, incluida la propiedad cruzada. En Francia, las empresas con una participación de 20% en el mercado de la presna no pueden ser titulares de radio y/o televisión. Además, el Estado subsidia con diferentes mecanismos a medios de prensa para promover el pluralismo. Otro claro ejemplo es Reino Unido donde las empresas que superan el 20% de participación no pueden ser titulares de licencias de radio y televisión. Asimismo, el numero de licencias de radio y/o televisión no pueden superar el 15% de audiencia promedio anual.
Un ejemplo más cercano es el de Uruguay donde se viene desarrollando un amplio debate político y público sobre una ley de servicios de comunicación audiovisual que busca garantizar el derecho a la comunicación, el pluralismo político y cultural. Entonce sí se puede hallar una solución para el caso peruano.
El primer gran paso seria un debate sobre las implicancias de la concentración mediática para la calidad de la democracia. Se debería proponer no solo diagnósticos y alternativas en función de nuestra experiencia histórica, sino arreglos institucionales que permitan equilibrar la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad al establecer limites a la concentración.
Otra alternativa seria transformar los medios de comunicación estatales en sistemas públicos, plurales y con capacidad de producción descentralizada al servicio de la ciudadanía. Estos medios públicos tendrían autonomía de los gobiernos de turno y con niveles de financiamiento público que les permita mejorar sus capacidades de producción y cobertura.
Finalmente, otra alternativa seria el fortalecimiento de las emisoras de radio y televisión educativa y comunitaria. Para ello el Estado debería cumplir con la Ley de Radio y Televisión y hacer menos engorroso el proceso de adjudicación de frecuencias. El problema principal radica en poder mediático que ha logrado silenciar y distorsionar el debate sobre los medios y la concentración, colocándolo como una especie de “amenaza contra la libertad de expresión”.
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