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A mediados del siglo XIX, el desierto de Atacama había adquirido un gran valor económico debido al descubrimiento de valiosos yacimientos de guano, y posteriormente de salitre, ambos con buen precio en el mercado internacional de entonces.
Al crearse la República de Bolivia en 1825 —denominada inicialmente República de Bolívar— Simón Bolívar le da una salida al mar por Cobija( llamado también Puerto mar, fue un puerto boliviano en las costas del Océano Pacífico, creado en 1825 por Simón Bolívar ubicado en el litoral entre las actuales ciudades de Tocopilla y Antofagasta, Chile)sin embargo, gran parte de la explotación económica de esa zona costera fue llevada a cabo por empresarios chilenos en condiciones, según algunos, muy ventajosas para ellos.
Los presidentes, antes del inicio de la guerra, eran Hilarión Daza en Bolivia, Aníbal Pinto Garmendia en Chile y Mariano Ignacio Prado en el Perú. Las Repúblicas de Bolivia y de Chile habían suscrito dos tratados de límites: el primero de ellos en 1866 (Tratado de límites de 1866 entre Bolivia y Chile) y el segundo en 1874, junto a un protocolo complementario de 1875 (Tratado de límites de 1874 entre Bolivia y Chile). Ambos tratados fueron ratificados en su oportunidad y canjeados solemnemente en Santiago y en La Paz.
El tratado de 1866 tenía por finalidad, de acuerdo a su preámbulo, establecer una medianería en favor ambos países, entre los paralelos 23 y 25, sobre los productos provenientes de la explotación de los depósitos de guano y los derechos de exportación que se percibieren sobre los minerales extraídos en aquella área.
El primer tratado fue rechazado por el gobierno boliviano, pues consideró que la división de tributos era desventajosa para Bolivia, controversia que se resolvió con la suscripción del tratado de 1874, que modificaba al anterior. Este último tratado volvió a fijar como límite entre las Repúblicas de Chile y Bolivia, que los derechos de exportación que se impusieran sobre los minerales exportados en el territorio no excedieran la cuota de la que actualmente se cobra, y las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a mas contribuciones de cualquiera clase que sean que las que al presente existen. La estipulación contenida en este artículo durará por el término de veinticinco años. Este tratado internacional era el vigente hacia 1879.
El 27 de noviembre de 1873, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, una empresa chilena formada por capitales chilenos y británicos, firmó un acuerdo con el gobierno boliviano que le autorizaba la explotación de salitre libre de derechos por 15 años, desde la bahía de Antofagasta hasta Salinas, incluyendo el Salar del Carmen. Dicho acuerdo no fue ratificado por el congreso boliviano, que en ese entonces se encontraba analizando las negociaciones con Chile—que darían por resultado el tratado de 1874—.
En 1878 las autoridades bolivianas, en medio de una crisis económica, buscaron reaccionar a los privilegios que el anterior gobierno otorgó a los empresarios de la zona. En ese contexto el congreso de Bolivia se abocó al estudio del acuerdo celebrado por el gobierno en 1873. Para Bolivia, el contrato firmado en 1873 con la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, aún no estaba vigente, porque de acuerdo a la constitución boliviana, los contratos sobre recursos naturales debían aprobarse por el congreso. Ello se hizo por la Asamblea Nacional Constituyente boliviana mediante una ley, el 14 de febrero de 1878, a condición que se pagara un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado por la compañía.
De acuerdo a Chile, el cobro del impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado violaba el artículo IV del tratado de 1874. Por ello, dicho impuesto encontró una gran resistencia de parte de los propietarios de la empresa afectada, y una cerrada defensa de su causa por parte del gobierno de Santiago, iniciando un conflicto diplomático. En la crisis resultante participó el Perú, que envió un Embajador Especial y Plenipotenciario a Santiago para tratar de evitar una posible guerra, mediante la negociación. El tratado indicaba que las controversias que diere lugar "la inteligencia y ejecución del Tratado" debían someterse a arbitraje.
El 17 de noviembre de 1878 el gobierno de La Paz le ordenó al prefecto del departamento de Cobija que hiciera efectivo el impuesto de 10 centavos establecido por la ley de 14 de febrero.
Al crearse la República de Bolivia en 1825 —denominada inicialmente República de Bolívar— Simón Bolívar le da una salida al mar por Cobija( llamado también Puerto mar, fue un puerto boliviano en las costas del Océano Pacífico, creado en 1825 por Simón Bolívar ubicado en el litoral entre las actuales ciudades de Tocopilla y Antofagasta, Chile)sin embargo, gran parte de la explotación económica de esa zona costera fue llevada a cabo por empresarios chilenos en condiciones, según algunos, muy ventajosas para ellos.
Los presidentes, antes del inicio de la guerra, eran Hilarión Daza en Bolivia, Aníbal Pinto Garmendia en Chile y Mariano Ignacio Prado en el Perú. Las Repúblicas de Bolivia y de Chile habían suscrito dos tratados de límites: el primero de ellos en 1866 (Tratado de límites de 1866 entre Bolivia y Chile) y el segundo en 1874, junto a un protocolo complementario de 1875 (Tratado de límites de 1874 entre Bolivia y Chile). Ambos tratados fueron ratificados en su oportunidad y canjeados solemnemente en Santiago y en La Paz.
El tratado de 1866 tenía por finalidad, de acuerdo a su preámbulo, establecer una medianería en favor ambos países, entre los paralelos 23 y 25, sobre los productos provenientes de la explotación de los depósitos de guano y los derechos de exportación que se percibieren sobre los minerales extraídos en aquella área.
El primer tratado fue rechazado por el gobierno boliviano, pues consideró que la división de tributos era desventajosa para Bolivia, controversia que se resolvió con la suscripción del tratado de 1874, que modificaba al anterior. Este último tratado volvió a fijar como límite entre las Repúblicas de Chile y Bolivia, que los derechos de exportación que se impusieran sobre los minerales exportados en el territorio no excedieran la cuota de la que actualmente se cobra, y las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a mas contribuciones de cualquiera clase que sean que las que al presente existen. La estipulación contenida en este artículo durará por el término de veinticinco años. Este tratado internacional era el vigente hacia 1879.
El 27 de noviembre de 1873, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, una empresa chilena formada por capitales chilenos y británicos, firmó un acuerdo con el gobierno boliviano que le autorizaba la explotación de salitre libre de derechos por 15 años, desde la bahía de Antofagasta hasta Salinas, incluyendo el Salar del Carmen. Dicho acuerdo no fue ratificado por el congreso boliviano, que en ese entonces se encontraba analizando las negociaciones con Chile—que darían por resultado el tratado de 1874—.
En 1878 las autoridades bolivianas, en medio de una crisis económica, buscaron reaccionar a los privilegios que el anterior gobierno otorgó a los empresarios de la zona. En ese contexto el congreso de Bolivia se abocó al estudio del acuerdo celebrado por el gobierno en 1873. Para Bolivia, el contrato firmado en 1873 con la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, aún no estaba vigente, porque de acuerdo a la constitución boliviana, los contratos sobre recursos naturales debían aprobarse por el congreso. Ello se hizo por la Asamblea Nacional Constituyente boliviana mediante una ley, el 14 de febrero de 1878, a condición que se pagara un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado por la compañía.
De acuerdo a Chile, el cobro del impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado violaba el artículo IV del tratado de 1874. Por ello, dicho impuesto encontró una gran resistencia de parte de los propietarios de la empresa afectada, y una cerrada defensa de su causa por parte del gobierno de Santiago, iniciando un conflicto diplomático. En la crisis resultante participó el Perú, que envió un Embajador Especial y Plenipotenciario a Santiago para tratar de evitar una posible guerra, mediante la negociación. El tratado indicaba que las controversias que diere lugar "la inteligencia y ejecución del Tratado" debían someterse a arbitraje.
El 17 de noviembre de 1878 el gobierno de La Paz le ordenó al prefecto del departamento de Cobija que hiciera efectivo el impuesto de 10 centavos establecido por la ley de 14 de febrero.
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25/08/08: La Guerra del Pacífico: antecedentes
El conflicto se inició cuando empresarios chilenos y capitalistas británicos se dedicaron a extraer y exportar a Europa el salitre de Atacama, aprovechando la casi nula presencia del gobierno de La Paz en la zona.
Explicación:
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