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a expulsión de los judíos de España fue ordenada en 1492, en Castilla y en Aragón, por los Reyes Católicos mediante el Edicto de Granada con la finalidad, según el decreto, de impedir que siguieran influyendo en los cristianos nuevos para que estos judeizaran. La decisión de expulsar a los judíos –o de prohibir el judaísmo2– está relacionada con la instauración de la Inquisición catorce años antes en la Corona de Castilla y nueve en la Corona de Aragón, porque precisamente fue creada para perseguir a los judeoconversos que seguían practicando su antigua fe. Y fueron expulsados de Navarra en 1496 y de Portugal en 1498.
Como ha señalado el historiador Julio Valdeón, "sin duda alguna la expulsión de los judíos del solar ibérico es uno de los temas más polémicos de cuantos han sucedido a lo largo de la historia de España".3 Por su parte el hispanista francés Joseph Pérez ha destacado las semejanzas que existen entre esta expulsión y la persecución de los judíos en la Hispania visigoda casi mil años antes.4
En 2015, las Cortes Generales españolas aprobaron una ley por la que se reconocía como españoles a los descendientes directos de los judíos expulsados entre 1492 y 1498, con lo que de facto se anulaban en la medida de lo posible las consecuencias de aquella expulsión.
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