Respuestas
En México, como en muchos países de América y el mundo, el impacto de los desastres desencadenados por amenazas de alta magnitud y baja frecuencia ha involucrado cuantiosas pérdidas. De 1900 a 2018 se registraron 231 desastres en los que más de 20 000 personas perdieron la vida y aproximadamente 18 millones de habitantes fueron afectados. Entre ellos, el reciente sismo del 19 de septiembre de 2017 sacudió la estructura institucional de la protección civil en México y puso en evidencia la necesidad urgente de transformar el actual Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), meramente reactivo, en un Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastre (Sinagird). Este último, como política pública transversal, debe estar fundamentado en la evidencia científica, con la contribución de las ciencias sociales y naturales, así como del desarrollo tecnológico. Asimismo, la participación de distintos actores, entre ellos, la ciudadanía, los sectores público y privado y las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno deben constituir el eje de una transformación que permita atender las causas de fondo y los factores condicionantes del riesgo de desastre, con la finalidad de que los esfuerzos institucionales no estén únicamente dirigidos a la respuesta ante emergencias o a promover acciones fragmentadas