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Explicación:
Chile en tanto, en línea con el panorama internacional, registra una tasa de desocupación que habría alcanzado al 8,2% en el trimestre enero-marzo de 2020. Sin embargo, sabemos que el desempleo se agudizó durante el mes de abril, y que el informe del INE considera ocupados a quienes han trabajado más de una hora en la semana de referencia, por lo que la estadística recién citada podría ser la punta del iceberg de una grave crisis que sacude a la fuerza laboral del país.
Ante esta calamidad, el gobierno ha desplegado una serie de acciones para hacer frente a este escenario, dentro de las que se contempla un paquete de medidas extraordinarias que en los próximos meses movilizará recursos fiscales equivalentes a casi 4,7% del PIB. Sin embargo, se trata de medidas paliativas, y todo parece indicar que empresarios y trabajadores continuarán caminando por el borde de la cornisa, al menos mientras la crisis sanitaria subsista.
Desde la perspectiva del derecho laboral, las dos leyes más relevantes que se han publicado al fragor de esta crisis son: la Ley de Teletrabajo, y la Ley de Protección del Empleo, las que constituyen valiosas bocanadas de oxigeno para la sobrevivencia de las relaciones laborales. No profundizaremos en ninguna de ellas, pero nos parece oportuno señalar que, en virtud de esta última ley, se prohíbe la terminación del contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor por el plazo de 6 meses contados desde su entrada en vigencia o por todo el periodo que se extienda el estado de catástrofe.