que opinas de la lucha Ambiental de la líder ambiental y social Francia Márquez en el norte del cauca
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Nacida en 1982 en la vereda Yolombó, perteneciente al municipio de Suárez1 al norte del departamento del Cauca2, ubicado en territorio ancestral de una comunidad afrodescendiente.3
Desde el año 1994 a 1997, participó en el proceso de evaluación de los impactos que generaría a su comunidad y al territorio el megaproyecto de desviación del Río Ovejas a la Represa Salvajina, en particular los impactos que este proyecto traerían a la vida de todos los miembros de su comunidad, incluyendo el efecto negativo sobre su territorio ancestral y por ende su identidad étnica y cultura. En el 2005, participó en el proceso de exigibilidad a la CVC y a EPSA para la reparación de los impactos creados por el megaproyecto Salvajina. Proceso que se ha valido de la violación del derecho fundamental a la consulta previa con vía a reparar los impactos generados en los 35 años de vida de la Represa Salvajina.[cita requerida]
En el 2009, inició un proceso de lucha y resistencia a fin de evitar que la comunidades Afro-descendiente del Consejo Comunitario de la Toma en el Municipio de Suárez fuera desalojada forzosamente del territorio ancestral, por cuanto el gobierno había entregado al Señor Héctor Sarria, a empresas multinacionales y a otras personas foráneas títulos de explotación Minera, violando el debido proceso a la implementación del derecho fundamental a la Consulta previa libre e informada. Este mismo año, el Consejo Comunitario de la Toma y varios de sus líderes y lideresas fueron declarados objetivo militar por parte de grupos paramilitares la Águilas Negras, los Rastrojos y Bloque Capital, pues según estos actores armados, la comunidad se estaba oponiendo al desarrollo e impidiendo la entrada de empresas multinacionales. Francia instauró una acción de tutela exaltando la violación de sus derecho fundamentales a la vida digna, a la permanencia en el territorio, al debido proceso y a la consulta previa libre informada, los cuales fueron tutelados mediante la sentencia T-1045A de 14 de diciembre de 2010.[cita requerida]
En el 2013, fue nombrada como representante legal del Consejo Comunitario de comunidades afrodescendiente del corregimiento la Toma, cargo que ejerció hasta el 12 de diciembre de 2016. También participó en la asamblea permanente declarada por las comunidades afrodescendientes del Cauca, en la cual se le exigió al INCODER (hoy Agencia Nacional de Tierras) proteger los territorios ancestrales de comunidades negras y avanzar en la titulación Colectiva, así como garantizar el acceso a la tierra por medio de compras realizadas por dicha entidad.
En el 2014, participó en la mesa interétnica intercultural del Norte del Cauca desde la cual se le exigió al gobierno nacional parar la minería ilegal y el otorgamiento de títulos mineros sin consulta previa en territorios étnico. Así mismo se le pidió realizar acciones que permitieran identificar posibles actos de corrupción institucional frente a la minería ilegal que estaba contaminando el territorio, y además de las personas que quedaban tapadas bajo alud de tierra. En octubre del 2014, fue desplazada forzosamente del territorio ancestral de la Toma. Francia fue declarada junto con sus hijos objetivo militar por parte de actores armados, en razón a sus denuncias con autoridades competentes sobre actividades de minería ilegal que se estaban realizando en el Consejo Comunitario la Toma.[cita requerida]
Participó en la llamada «Marcha de los Turbantes» en 2014 para exigir el fin de la minería ilegal y la ocupación de tierras.4
Participó en la Movilización de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales, la cual se realizó desde el Norte del Cauca hasta la ciudad de Bogotá del 17 de noviembre hasta 11 de diciembre de 2014. Dicha movilización consistió en visibilizar los impactos que está generando la minería ilegal e inconstitucional en el Departamento del Cauca, y exigir al gobierno realizar las acciones necesarias para proteger el territorio y sus habitantes, las amenazas y el desplazamiento forzado que líderes y lideresas estaban siendo sometidos por denunciar dicha actividad.
