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La adopción del modelo de economía abierta para reorientar la Política Económica en México provocó desequilibrios en el crecimiento y la distribución interna de la riqueza porque el control del entorno macroeconómico, rezaga los indicadores del bienestar social e incrementa la pobreza y desigualdad. Si bien la Política Social ha buscado compensar el deterioro en las condiciones de vida de la población, sus alcances son insuficientes en la medida que la misma Política Económica le impone límites que obligan a focalizar el gasto público hacia poblaciones objetivo con lo cual deja a una proporción amplia en situación de vulnerabilidad. Los datos muestran que la Política Social focalizada es incapaz de revertir los desequilibrios derivados por esta orientación de la Política Económica. No corregir los factores que rigen el modelo actual, vulnera gradualmente las condiciones de vida de la población y la seguridad nacional.
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El “modelo económico” en la Constitución
Mientras algunos critican la Constitución de 1991 por demasiado “intervencionista” y “garantista”, otros la tachan de “neoliberal y “privatizadora”. Los constituyentes consideramos en su momento que este es un debate estéril, basado en un supuesto erróneo y superado: que Estado y mercado son necesariamente antagónicos. Por el contrario, amparados en la concepción moderna de la economía institucional que reconoce la acción dinamizadora de los mercados, pero que enfatiza como el mercado no opera bien sin instituciones fuertes, nos guiamos por el principio de “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”