¿los poderes del estado son una institución democrática?
¿ que importancia tiene para una democracia que los poderes del estado estén separados?
Respuestas
Respuesta:¿Cuál es la finalidad de la división de poderes?
El propósito de esta distinción es evitar que una sola persona o un grupo restringido de personas se concentre excesivamente en sus manos todos los poderes del estado: "para que uno no pueda abusar del poder, es necesario que, mediante la disposición de las cosas, el poder detenga el poder".
Es evidente que la humanidad vive en estos momentos, la universalización de la democracia como sistema político y la universalización
del mercado como sistema económico. Sin embargo, luego del fracaso
de los gobiernos totalitarios, el socialismo se rehace sobre bases que
contradicen su historia, el capitalismo se reconstruye con planteamientos divergentes a sus ideas inspiradoras; se minimizan los estados nacionales en beneficio de los poderes mundiales y aparecen
formas inéditas de agrupamientos internacionales.
El contexto nacional
El Ecuador vive desde inicios de la década de los ochenta un pronunciamientos de los nuevos niveles de crisis económica, social y política.
Un "Estado de Derecho" es un estado sometido a la ley. En un Estado de Derecho la ley determina lo que cada una de las instituciones del Estado puede hacer y lo que no, establece las condiciones y los límites de la acción legítima de todos los componentes del Estado.
En un Estado de Derecho nadie puede hacer nada que no permita la ley: ni los ciudadanos ni ninguna de las instituciones que les gobiernan. El presidente del gobierno, los ministros, los gobiernos autonómicos o regionales, los ayuntamientos, el parlamento, los jueces..., todos deben cumplir la ley sin excepción. Y si no lo hacen, deben responder de ello ante la autoridad judicial (que, como todas las demás instituciones del Estado, se halla también sometida a la ley).
Por todo ello, es frecuente referirse al Estado de Derecho como a un "imperio de la ley".
La división de poderes
Pero ¿de dónde obtienen los ciudadanos de un país la garantía de que se hallan realmente en un Estado de Derecho, en el que la actuación del gobierno se halla sujeta a la ley en la misma medida que la suya propia? Los seres humanos inventaron hace algo más de doscientos años un procedimiento político para establecer esta garantía. Se trata de la división del poder del Estado. El Estado tiene el poder de hacer las leyes, de aplicarlas y de juzgar si se cumplen adecuadamente. En un Estado democrático, la ciudadanía -que es a quien corresponde por derecho la soberanía- ha otorgado tal poder al Estado. Pero si las tres funciones mencionadas recayeran sobre la misma persona o institución política, los ciudadanos nunca podrían estar seguros de que dicha persona o institución no está utilizando en su propio beneficio el poder que ellos mismos le han otorgado. Por eso, dos de los más importantes filósofos políticos de la Modernidad, el británico John Locke y el francés Montesquieu, sugirieron que lo mejor era encomendar el desempeño de cada función fundamental del Estado a una institución distinta, separada e independiente de las demás: a una le correspondería hacer las leyes, a otra aplicarlas o ejecutarlas y a una tercera, juzgar si las leyes se están cumpliendo e imponer sanciones o penas a quien las incumpla. De este modo, el poder del Estado quedaría divido en tres poderes, cada uno de los cuales correspondería a una institución distinta:
El poder de hacer las leyes, llamado poder legislativo, correspondería al Parlamento (en algunos campos, a las cámaras autonómicas o a los plenos municipales).
El poder de aplicarlas o ejecutarlas, llamado poder ejecutivo, correspondería al Gobierno (central, regional o municipal).
Y el poder juzgar el grado de cumplimiento de las mismas por parte de todos los ciudadanos e instituciones del Estado, llamado poder judicial, correspondería a los Tribunales de Justicia.
Cada una de las instituciones que tienen la responsabilidad de ejercer alguno de los poderes del Estado debe actuar con autonomía y con independencia de las instituciones que ejercen los otros poderes del Estado; y, sobre todo, no debe inmiscuirse en las decisiones que éstas adoptan legalmente en el ámbito de sus competencias. Así, en un Estado de Derecho, el Parlamento, el Gobierno y la Judicatura deben respetar su mutua independencia, sin invadir ninguno de ellos las competencias de las instituciones responsables de ejercer los otros poderes del Estado.
Explicación: