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Hace 20 años, en la Sentencia T-153 de 1998, donde la Corte dio su primera voz de alarma sobre el sistema penitenciario y carcelario. Para entonces, las tasas de hacinamiento eran mucho menores de las que tenemos hoy día (31,1 por ciento). Si bien desde el año 2000 se ha duplicado la capacidad del Estado para atender a la población privada de libertad, la tasa de hacinamiento sigue por encima del 45 por ciento.
En la Sentencia T-388 de 2013, la Corte dio un salto cualitativo en la materia al indicar que el hacinamiento no era el único problema que debía resolverse. Esta sentencia caracteriza la política criminal colombiana como reactiva, incoherente, ineficaz, volátil, desarticulada, sin intenciones de resocializar a los convictos y, por lo tanto, una política criminal que carece del necesario enfoque preventivo. Bajo estas circunstancias, la política criminal en si misma viene a ser un factor clave para entender la situación carcelaria del país.
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