Respuestas
Respuesta: Las definiciones sobre la administración y conducción del proceso electoral dependen, principalmente, del contexto político y socio–cultural de un país. La principal fuente de información para conocer las disposiciones y justificaciones del uso de las fuerzas armadas y policiacas durante el desarrollo del ciclo electoral son las leyes y reglamentos electorales, empezando por la Carta Magna de cada país.
Si bien en la mayoría de los países latinoamericanos existen disposiciones sobre el apoyo en cuestiones de seguridad, e incluso logístico, de parte de militares y policías, la historia y el acontecer de cada país definen la forma de intervención de los miembros de las fuerzas de seguridad de cada nación. Como atinadamente especifica Rafael Vargas Gonzáles, en el caso colombiano, el artículo 219 de la Constitución política de Colombia es muy preciso al estipular que “los miembros de la Fuerza Pública [las Fuerzas Militares y la Policía Nacional] no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”, así como en el hecho de que les está prohibido el ser elegidos o formar parte de las mesas de votación y centros de escrutinio.
Lo anterior es producto de la propia historia colombiana, misma que ha implicado el hacer frente a situaciones sui generis y a considerar que la disciplina militar y la estructura castrense podrían influenciar al subordinado a votar según el criterio de su comandante. Al mismo tiempo, hay quien considera que la vida cuartelaria no ofrece muchas oportunidades para ilustrarse sobre el acontecimiento político, de modo que si el sufragante carece de información, podría emitir su voto a ciegas o pedir consejo a sus superiores.
Ahora bien, Rafael Vargas nos brinda más elementos de discusión al comentar que las leyes colombianas, dados los múltiples factores de riesgo que rodean los procesos electorales en Colombia, se define la participación de la Fuerza Pública (militares y policías) para que otorgue apoyo logístico en el desarrollo de los comicios. Esta colaboración se presta básicamente mediante las siguientes actividades:
· Elaboración de los mapas de riesgo electoral que permitan prevenir cualquier acción en contra del proceso.
· Realizar labores de inteligencia y contrainteligencia con el fin de eliminar factores de riesgo contra el proceso electoral, e incluso capturar o poner en disposición de la autoridad competente a las personas que estuvieren cometiendo delitos contra el sufragio o alterando el orden público.
· Participar en los comités de seguimiento electoral del orden nacional, departamental y local.
· Garantizar la seguridad y vigilancia de las sedes de las Registradurías, centros de cómputo y comisiones escrutadoras.
· Garantizar la seguridad dentro y fuera de las zonas electorales.
· Garantizar el cumplimiento de las normas que se expidan que están relacionadas con la ley seca, las restricciones para portar de armas y demás disposiciones de orden público.
· Apoyar en el traslado de los kits electorales hacia los puestos de votación, y los pliegos electorales desde estos lugares hasta las cabeceras municipales o centros de escrutinio.
· Controlar que los electores, una vez que han sufragado, se retiren inmediatamente del puesto de votación.
· Organizar el ingreso y salida de los electores y funcionarios.
· Controlar que los ciudadanos ingresen al cubículo sólo para ejercer el derecho al voto.
· Controlar el cumplimiento de las prohibiciones de propaganda política.
· Otorgar seguridad y acompañamiento en el traslado de pliegos electorales.
· Colaboración en la transmisión de resultados electorales.