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En el marco de estos debates, los sectores dominantes de cada provincia se fueron identificando con dos proyectos
políticos opuestos: el centralismo y el federalismo. El grupo unitario proponía la constitución de un gobierno
central fuerte. Así, las provincias debían quedar organizadas bajo la firme autoridad y control de un gobierno que
garantizara la unidad política y económica de todo el territorio. Además, este grupo propuso la libertad de comercio
y el libre cambio y consideraba necesario obtener inversiones de capitales extranjeros para poder desarrollar las
estructuras productivas.
Frente a esta propuesta comenzó a trazarse otra, sostenida fundamentalmente por los propietarios rurales de
algunas Provincias, quienes fueron identificándose con un proyecto federal. Éste proponía la organización de un
poder central que debía fundarse en el respeto por las autonomías de cada provincia. Este proyecto no fue
homogéneo y contó en su interior con opiniones encontradas. En relación al proyecto económico existían
diferencias entre los federales de las provincias del centro, norte y litoral y los de Buenos Aires. Los primeros
reclamaban la distribución de los ingresos aduaneros que manejaba Buenos Aires y la libre navegación de los ríos
interiores, mientras que los federales porteños pretendían conservar el manejo del puerto y la Aduana
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