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Los problemas de representación política en la democracia han proliferado en muchas regiones del mundo, especialmente donde hubo restauración o construcción de nuevas democracias. Es el caso de la mayoría de las naciones latinoamericanas. Precisamente en ellas es donde se han ido introduciendo un conjunto de mecanismos de democracia participativa en la ley que reconocen una diversidad de derechos ciudadanos: la deliberación y decisión sobre temas trascendentales de la agenda pública, la propuesta de iniciativas legales sobre asuntos igualmente relevantes, la postulación como candidatos sin recurrir a una organización partidista, y el derecho a revocar el mandato de aquellos gobernantes que no los representen.
Estas figuras de participación no están exentas de cualidades y defectos, de beneficios y riesgos, pero al final su propósito es dar una posibilidad de participación a la sociedad sin el concurso de instituciones, organizaciones o liderazgos acostumbrados a tomar decisiones por cuenta propia, sin transparencia y carentes de responsabilidad política. Ningún país las ha adoptado para sustituir a la democracia representativa, cuyos gobernantes son electos periódicamente a través de la competencia entre partidos por el voto de los ciudadanos. Pero sí las han introducido en sus leyes para darle mayor poder a la sociedad, aminorar la influencia de grupos de interés o de oligarquías partidistas y, eventualmente, resolver crisis políticas de gran calado.
La experiencia de varios países con mecanismos de democracia directa no constituye un nuevo modelo de representación. Cada nación ha seguido su propio camino y ha modelado a su manera los espacios de acción ciudadana. En ninguna de ellas han sustituido a la democracia rep
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