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En las democracias representativas contemporáneas el ejercicio del poder político está asociado con fórmulas para la participación ciudadana al margen del derecho al voto, hecho que, en gran medida, es resultado de la existencia de diversos factores que, simultáneamente, afectan a la estabilidad social y a la gobernabilidad.
Entre los factores que han motivado el fomento a la inclusión ciudadana en las decisiones de gobierno, sobresalen el abstencionismo electoral ascendente; la desconfianza social hacia diferentes instituciones, particularmente hacia las encargadas de la administración e impartición de justicia; la corrupción, impunidad e ineficiencia de servidores públicos; la desatención de las autoridades competentes de demandas puntuales de comunidades específicas; la insuficiente representación de colectivos, sectores e intereses en las instancias democráticamente constituidas para ello así como una escasa rendición de cuentas del quehacer político de los representantes populares.
La presencia creciente de estos factores, así como sus repercusiones adversas para la estabilidad social y la gobernabilidad, han contribuido a que en contextos específicos se cuestione la legitimidad de la representación política lo que pudiera interpretarse incluso como una crisis de la política,1 particularmente en los países Latinoamericanos, fenómeno al que en el ámbito académico se ha identificado como una crisis del modelo liberal de democracia.