EL VISITANTE SEDIENTO
A Inicios de la década pasada, en Puerto Rico, hubo un fenómeno que conmocionó a la pequeña ciudad de Moca, ubicada al
noreste de la isla caribeña: matanzas masivas de animales como cabras, gallinas, caballos, etcétera. En un principio, los
habitantes de la región pensaron que los culpables de las masacres eran integrantes de alguna secta satánica que realizaban
rituales con la sangre de Iras animales, pues cada cadáver animal presentaba uno o dos agujeros en el cuello.sacar un resumen ayudenme plis doy coronita
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Un miércoles de mayo de 2005 una camioneta de guerrilleros irrumpió en la sesión del Concejo municipal de Puerto Rico, en Caquetá. Desde antes de entrar al recinto, los insurgentes comenzaron a disparar con el arma que tenían instalada en el carro y cuando entraron, un guerrillero se bajó con su ametralladora. Los tiros en el Concejo duraron 15 minutos, mataron a cinco funcionarios e hirieron a dos.
“Antes la política en Caquetá era un tema de aventurados. Quienes emprendían esos proyectos valoraban poco la vida”, apuntó un antiguo miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en ese departamento, quien pidió la reserva de su nombre.
Y es que desde antes de que ocurriera la masacre, los concejales de Puerto Rico fueron perseguidos e hicieron parte de la espiral de violencia política del departamento. Esta se recrudeció a principios de los años 80. Los primeros muertos fueron de partidos de izquierda, específicamente de la UP, y desde entonces los concejales se convirtieron en un blanco principal. Uno de los primeros asesinados por grupos de extrema derecha, en 1981, fue Miguel Ángel Osorio, edil del Partido Comunista y presidente del Concejo de Puerto Rico.
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En retaliación, las Farc comenzaron a matar a políticos liberales y también a seguidores de la élite política de los Turbay en todo el departamento, como asegura Gustavo Cabrera, exalcalde de Puerto Rico a mediados de los 90 y actual miembro de la Academia de Historia de Caquetá.
La amenaza también era institucional. Sólo en Puerto Rico, entre 1997 y 1998, las instalaciones de la Fiscalía Seccional, los despachos judiciales, la estación de Policía y la Registraduría fueron destruidas casi por completo con múltiples bombas.
En pleno proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, las Farc asesinaron al congresista Diego Turbay, a su mamá y a siete personas más cuando iban a la posesión del alcalde de Puerto Rico, José Lizardo Rojas. Siete meses después, en agosto de 2001, mataron a José Lizardo y en enero de 2002 hicieron lo mismo con el alcalde encargado William Lozano, quien fue enviado por el gobernador Pablo Adriano Muñoz para reemplazar a Rojas.
Los ataques llegaron a su punto más crítico en 2002, tras el rompimiento de los diálogos de paz. Las Farc se enfilaron contra la institucionalidad a sangre y fuego para no perder en lo militar, y en Caquetá concentraron sus acciones en Puerto Rico y El Doncello, según el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia. Otras fuentes apuntan a que las Farc querían presionar por la vía militar las elecciones regionales de 2003 y debido a que en Puerto Rico no tenían personas capaces de incidir políticamente y sus intereses eran más económicos y militares, “reaccionaron con represalia ante diferencias políticas”, según el antiguo miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Concejales, alcaldes y hasta gobernadores de Caquetá fueron declarados abiertamente como objetivo militar. La amenaza era tal que en 2002 todo el Concejo de Puerto Rico sesionó desde Bogotá y al año siguiente ese municipio se convirtió en el símbolo de una campaña nacional para que los ediles pudieran administrar desde sus lugares de origen.
Al terminar el periodo de concejales de Puerto Rico en 2002, un edil había sido asesinado, otro se exilió en España y cuatro abandonaron el cargo. Después de las las elecciones regionales de 2003, las Farc dieron el ultimátum para los tres concejales reelegidos en Puerto Rico: Ausencio Olarte, Luz Stella Puertas y Willard Villegas. Además, la guerrilla les advirtió a los nuevos ediles que si no abandonaban el municipio también entrarían a la lista de muerte.
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