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El Reglamento de libre comercio con América de 1778, cuyo nombre completo es Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias, fue promulgado por el rey Carlos III de España el 12 de octubre de 1778 en el marco de las reformas borbónicas, con el fin de flexibilizar el monopolio comercial español existente, y para lo cual abrió al comercio 13 puertos de España con 27 de Indias.
El 12 de octubre de 1778 el rey Carlos III firmó el Reglamento de libre comercio, que bajo las directrices del ministro José de Gálvez redactaría Francisco de Saavedra, culminando el proceso de librecambio iniciado en 1765.
En su introducción expone las intenciones y finalidades de su dictado:
Como desde mi exaltación al Trono de España fue siempre el primer objeto de mis atenciones y cuidados la felicidad de mis amados Vasallos de estos Reinos y los de Indias, he ido dispensando a unos y otros, las muchas gracias y beneficios que deben perpetuarse en su memoria y reconocimiento. Y considerando Yo, que sólo un Comercio, libre y protegido entre Españoles Europeos, y Americanos, puede restablecer en mis Dominios la Agricultura, la Industria y la Población a su antiguo vigor...
El reglamento estaba compuesto por 55 artículos, amplió la libertad de comercio, habilitó a 13 los puertos metropolitanos: Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería, Cartagena, Alicante, Tortosa, Barcelona, Santander, Gijón, La Coruña, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife y a 24 puertos americanos: San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Monte-Christi, Santiago de Cuba, Batabanó, La Habana, Isla de Margarita, Trinidad, Campeche, Golfo de Santo Tomás de Castilla, Omoa, Cartagena de Indias, Santa Marta, Río de la Hacha, Portobelo, Chagres, Tierra Firme, Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso, La Concepción, Arica, Callao y Guayaquil.
Se excluyó a Venezuela hasta 1788, para proteger los intereses de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que se disolvió en 1785 y a México, por el temor de que la prosperidad de este territorio provocara la despreocupación hacia otras zonas menos activas, lo que iba contra la idea rectora del proyecto. El 29 de febrero de 1789 se amplió el comercio libre a México. Se acompañaba con los aranceles que fijaban los precios oficiales de los productos y los impuestos a pagar. La liberalización fue sólo relativa y la expresión no se justificaba más que en comparación con los monopolios y las prohibiciones totales del período precedente. Apuntaba a desarrollar los intercambios entre España e Hispanoamérica pero dentro de un marco de protección y vigilancia.