elabora una lista de derechos humanos que fueron violados en la personalidad de la periodista Lydia Cacho
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Respuesta:
Después del análisis de los hechos, el Comité estableció que los hechos ocurridos en diciembre de 2005, son violatorios de los derechos humanos de Lydia a la no discriminación en razón de género, no ser sometida a tortura, a la libertad personal, a la integridad personal, y de libertad de expresión, entre otros.
Respuesta:1. Antecedentes del Caso Lydia Cacho
Sin lugar a dudas el ejercicio de la Facultad de Investigación 2/2006 que el Poder Legislativo federal mexicano solicitó a la SCJN para que investigara la violación grave de garantías individuales en perjuicio de la periodista Lydia Cacho, será recordado por la sociedad mexicana, como uno de los casos emblemáticos y más difíciles a los que se ha enfrentado el máximo tribunal mexicano, no sólo por la dificultad jurídica del caso que implicaba la valoración de una prueba ilícita, sino además por el impacto mediático que este caso ha alcanzado en una sociedad que presencia cómo los periodistas son agredidos de muy diversas maneras y que paulatinamente ver restringidos sus espacios de libertad de expresión.
Según el Informe Anual de la Federación Latinoamericana de Periodistas en México (FELAP/México), sobre la situación del periodismo en nuestro país hasta el 2007, son 40 asesinatos y siete desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de prensa ocurridos durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y el primer año de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Sólo en 2007, año en que se resolvió el Caso Lydia Cacho en la SCJN, este informe precisa que fueron asesinados seis periodistas y tres trabajadores de la prensa, además de que ocurrieron tres desapariciones forzadas de informadores:
En materia de derechos humanos, en México, el gremio periodístico al igual que otros grupos violentados nada tenemos que celebrar. Al presentar el Informe Anual al cierre de 2007, la Federación Latinoamericana de Periodistas FELAP/México denuncia nuevamente que nuestro país continúa en el primer lugar en el mundo en asesinatos, desapariciones forzadas y demás atentados y agravios contra los trabajadores de la prensa, sólo por debajo de Irak, que como hemos señalado es un caso sui géneris por sufrir una guerra de intervención por parte de Estados Unidos y sus aliados. Precisamente en el mes de diciembre fueron asesinados 2 periodistas más para completar, en 2007, 9 asesinatos: 6 periodistas y tres humildes trabajadores de la prensa, y 3 desapariciones forzadas de informadores. La lista cruel del 2000 a la fecha asciende a 40 asesinatos: 37 periodistas y 3 trabajadores de prensa y continúan 7 colegas desaparecidos.
Con los últimos asesinatos y desapariciones, México mantiene el deshonroso primer lugar en el mundo en atentados a informadores y medios. En los últimos siete años el registro de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), con el invaluable apoyo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) y el Club Primera Plana, arroja esa lamentable lista trágica de 40 compañeros asesinados, más de cinco por año, además de que continúan desaparecidos siete más. Lo más grave radica en que todos los casos yacen en la más vergonzosa impunidad.1
No es posible desligar el Caso Lydia Cacho de las agresiones que el gremio de los periodistas ha sufrido en México y que se resumen en el informe anterior de la FELAP/México. Ahora bien, las agresiones de que fue objeto Lydia Cacho se hicieron del dominio público en México cuando los medios masivos de comunicación, en particular la radio y la televisión, transmitieron el contenido de una conversación privada entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario textilero, Kamel Nacif. Esta grabación fue depositada por una fuente anónima en el diario La Jornada, periódico que la publicó el 14 de febrero de 2006, y documenta de una manera muy clara la colusión entre los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Puebla para beneficiar a los intereses del empresario Kamel Nacif Borge, quien había presentado en Puebla una denuncia por difamación en contra de la periodista Lydia Cacho, con motivo de la publicación de su libro Los demonios del Edén y en el que denunciaba diversas redes de pederastia, ya que el código penal poblano en su artículo 357 todavía tipifica una forma del delito de difamación que puede ser empleado para coartar la libertad de expresión de los periodistas, no obstante que la mayor parte de las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, han eliminado este tipo penal por estimar, entre otras razones, que podía constituir un obstáculo a la libertad de los comunicadores para ejercer su profesión.