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ara comenzar una revisión con perspectiva de los fallos derivados del funcionamiento de la Administración Pública, en primer término sería preciso acercar el significado de este concepto. La Administración Pública no es sino la prolongación física del Estado (una idea más abstracta) encargada de gestionar (ad minister) determinados ámbitos de la vida social relativos a los intereses colectivos. Es por lo tanto, sinónimo de intervención estatal, en contraposición de aquellas partes no controladas y dejadas a la mano (invisible) del mercado. No obstante, la funcionalidad de esta institución de instituciones queda muchas veces supeditada, mucho más de lo que debería, a las decisiones políticas emitidas a lo largo del tiempo. Y es aquí donde realmente reside buena parte del problema.
Bajo el enfoque sintetizado que aporta quien suscribe estas líneas (en todo caso, este tema precisaría de mayor profundización), podríamos acercar dos problemáticas fundamentales derivadas de la gestión pública. Primeramente, la inexistencia de cálculo económico. Luego, la no-visión de la relación coste-beneficio. De los anteriores puntos deriva la principal diferencia entre las gestiones pública y privada: la asunción del riesgo como condicionante de estrategias y decisiones
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