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LA juez italiana que ha absuelto a dos presuntos islamistas tras hacer una discutible distinción entre ´terrorismo´ y ´guerrilla´ va a levantar una polémica universal. Lo de menos es que la sentencia vaya en contra de la ley promulgada en Italia después del 11-S, que prevé hasta diez años de cárcel por la participación en organizaciones que "apuntan a cometer acciones violentas con propósitos subversivos". Lo que importa es que va a reabrir el debate jurídico que quedó sepultado por la psicosis de inseguridad que provocaron aquellos atentados y quedó reflejada en un varias legislaciones antiterroristas de urgencia, sin duda necesarias, pero redactadas con una voluntaria amnesia de lo que establecen los convenios de Ginebra.
La ley antiterrorista italiana no establece qué nivel de participación se requiere para cometer el delito de terrorismo internacional ni define qué hay que entender por "propósito subversivo". Eso ha hecho posible que la juez que ha ordenado la excarcelación de dos presuntos terroristas haya entendido que el delito de terrorismo internacional sólo puede probarse si se organizan atentados dirigidos a sembrar el terror indiscriminadamente entre la población civil en nombre de un credo político o religioso, y que no es delito recabar fondos ni reclutar combatientes para la guerrilla de Irak. La polémica está servida porque a lo mejor ha llegado la hora de hacer compatible el dolor por las víctimas y la necesidad de protección ciudadana con el artículo 18/2 de la Convención de la ONU de 1999, sobre terrorismo, que reconoce y legitima a los grupos armados que, aunque no pertenezcan al Estado, desarrollen actividades de guerrilla en contextos bélicos. Algo asumido por todos los países firmantes de aquella convención basada en que la condena de actos de guerrilla en una situación de guerra conduce a una injusta toma de posición en favor de una de las partes.
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