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Las sociedades democráticas y participativas necesitan cada vez más personas que interactúen entre ellas, intervengan en la toma de decisiones públicas, generen diálogos constructivos, planificando el accionar público de manera transparente y colaborativa.
Estos esfuerzos pueden verse reflejados en el resultado de un arduo trabajo en negociaciones entre países de América Latina y el Caribe para firmar el Acuerdo de Escazú, con el que se pretende garantizar la inclusión de la ciudadanía al acceso a la información ambiental y a la participación en las políticas públicas relacionadas al tema que aborda el acuerdo. Además, si vemos el mapa del índice de democracia ambiental, observamos que los países de la región poseen un puntaje que refleja marcos legales adecuados para defender temas ambientales pero ¿Es suficiente? ¿Se puede ver reflejado en la realidad la calidad de estas leyes con una mejora en el tema ambiental?.
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