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La Inquisición pontificia o Inquisición papal fue una institución eclesiástica judicial creada por el papa Gregorio IX en 1231-1244 para perseguir la herejía y que estaba bajo su autoridad directa.
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La Inquisición pontificia o Inquisición papal fue una institución eclesiástica judicial creada por el papa Gregorio IX en 1231-1244 para perseguir la herejía y que estaba bajo su autoridad directa. Sustituyó a la inquisición episcopal creada cincuenta años antes y llamada así porque la persecución de los herejes correspondía a los obispos de cada diócesis. Es llamada también inquisición medieval, para distinguirla de la Inquisición de la Edad Moderna cuyo modelo lo constituyó la inquisición española, que a diferencia de la medieval estaba bajo la autoridad de los Reyes Católicos en quienes el papa había delegado en todo lo referente a la herejía en los dominios de su Monarquía.
Desde el Bajo Imperio Romano una serie de delitos eclesiásticos fueron convertidos en delitos públicos. Entre ellos se encontraban los actos contra las iglesias o contra el clero, la apostasía y la herejía. Esta última era el «crimen» más importante y el emperador y sus jueces estaban obligados a actuar contra ella.1 Una constitución del año 387, mandaba que «todos los jefes de los maniqueos fueran quemados con sus libros, y sus discípulos condenados a muerte o a trabajos forzados en las minas».2 En los siglos siguientes la Iglesia apeló constantemente a los tribunales seculares para que la persiguiera, teniendo en cuenta la prohibición establecida por el derecho canónico de que los tribunales eclesiásticos dictaran condenas que supusieran el derramamiento de sangre.1 Por ejemplo el papa Calixto II en el Concilio de Tolosa de 1119, o el papa Inocencio II en el concilio de Letrán de 1139 hicieron sendos llamamientos a los príncipes cristianos para que lucharan contra las nuevas sectas.3
La jurisdicción sobre la herejía correspondía a los obispos quienes condenaban a los herejes declarados o descubiertos por algún medio con la expulsión de la diócesis o con la excomunión. En 1184 el papa Lucio III promulgó la decretal Ad abolendam en la que ordenó que se establecieran tribunales episcopales en toda la Cristiandad Latina que se ocuparan de la herejía.4 En esta inquisición episcopal, «refrendada en el Sínodo de Verona de 1184 por el papa Lucio III y el emperador Federico I Barbarroja, actuaban únicamente el obispo y la autoridad civil de cada diócesis; se buscaba a los posibles herejes y de ser hallados culpables, se les aplicaba la excomunión y el bando imperial con el destierro y la confiscación de bienes; no se admitía todavía la pena de muerte».5
El papa Inocencio III. Monasterio de Subiaco, Roma
Sin embargo, algunos príncipes cristianos que atendieron la llamada de la Iglesia para luchar contra la herejía, la aplicaron. En 1166 el rey Enrique II de Inglaterra ordenó marcar en la frente con un hierro al rojo vivo a treinta herejes y, después de azotarlos en público, que los echaran al campo para que murieran de frío. En 1197 el conde de Barcelona y rey de Aragón Pedro II de Aragón promulgó en Gerona una durísima ordenanza antiherética en la que mandaba quemar vivos a los herejes que se negaran a abandonar sus dominios.6
En 1199 el papa Inocencio III, que sustituyó el título tradicional del papa de vicario de Pedro por el de vicario de Cristo afirmando así su autoridad soberana absoluta —su plenitudo potestatis— sobre la Cristiandad, hizo pública la decretal Vergentis in senium en la que proclamó la herejía como un crimen de lesa majestad, el crimen supremo según el derecho romano, por lo que la herejía de noción teológica se transformaba en noción jurídica. Así «declarando a los herejes culpables del crimen de lesa-majestad eterna, se investía en efecto al papa de esta majestad que se encontraba lesionada, majestad de un nuevo tipo, cristianizada, superior a la majestad temporal de la que podían enorgullecerse el emperador o los reyes. La noción de majestad eterna o divina, introducida a propósito de la persecución de los heréticos, ponía así el derecho romano al servicio de un poder fundado sobre la función suprema de defensa de la fe cristiana
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