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Una breve revisión de documentos recientes relacionados con la agenda que distintos organismos nacionales y de América Latina proponen para el presente y el futuro de la educación, basta para reafirmar que ésta mantiene su lugar de centralidad en la comprensión que se hace de nuestro desarrollo. Expresiones como “llave maestra”, “gran eslabón”, “elemento bisagra”, muestran el papel clave que se le otorga en la determinación del destino de la región.
A pesar de que diversos estudios afirman que su incidencia no es tan directa en la reducción de la pobreza o en el mejoramiento de la convivencia social, son claras las funciones, tanto sociales como individuales, que se le plantean a la educación, las cuales pueden ser resumidas en tres perspectivas: en la formación para el trabajo y consecuentemente en el crecimiento económico y la competitividad de nuestros países; en el desarrollo científico, particularmente, en la asimilación del cambio tecnológico; en la promoción de la equidad social, la ampliación de la democracia y el fomento del ejercicio ciudadano. Se trata, entonces, de que la educación contribuya a que los países de América Latina terminen de cumplir las aspiraciones de la modernidad y, al mismo tiempo, se dispongan a enfrentar el desafío pluralista de la posmodernidad, de modo que se integren con relativo éxito al mundo global. Desafío doble y en cierto modo contradictorio. No obstante, a dicho discurso se ciñen sin muchos quiebres las reformas políticas que desde hace más de diez años se promueven en Latinoamérica, expresión de las cuales es nuestra propia reforma educativa impulsada a propósito de la constitución política de 1991 y que en los últimos gobiernos ha sufrido las contingencias de los ajustes neoliberales.
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